El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha resuelto la concesión de la suspensión cautelar del procedimiento de contratación 'Servicio de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios', convocado por la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad valenciana para la puesta en marcha de Resi-Eqifar, el proyecto para la atención farmacéutica a residencias, atendiendo así al recurso especial interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Valencia y reconociendo que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación de los trámites serían de difícil o imposible reparación.
La Consellería de Sanidad ha reaccionado a la resolución del TACRC señalando que, no obstante, "se mantiene el plazo de presentación de ofertas". "Es una cuestión puramente procedimental, y la suspensión de oficio se mantiene hasta que el tribunal resuelve el recurso", añaden, informando de que han presentado alegaciones y, mientras tanto, continúan "con el desarrollo del programa Resi-EqiFar", ya que entienden que esta decisión sólo afecta "a una parte del proyecto, la licitación de la central de unidosis y reparto". "Sigue en marcha el desarrollo reglamentario de la ley a través de un decreto y las gestiones para la creación de los más de 100 puestos de trabajo ligados al proyecto", concluyen.
Para el presidente del COF de Valencia, Jaime Giner, la decisión del TACRC "es una batalla ganada dentro de una guerra" y ha anunciado, conocida la posición de la Consellería, que la batalla judicial va a continuar: "Es lógico que la Consellería recurra. Nosotros seguiremos en los tribunales y recurriremos cada disposición que emane de este proyecto", ha anunciado, a la vez que ha adelantado que han solicitado un informe a una consultora de renombre "para demostrar que los ahorros que dicen que se van a conseguir con Resi-EqiFar no son tales".
Los argumentos incluidos en el recurso
En el recurso admitido por el TACRC, el COF argumentaba, por un lado, que los pliegos "no exigen la habilitación profesional para el ejercicio de las labores de almacenamiento, manipulación y reacondicionamiento de medicamentos para uso humano", las cuales, señalaban, "sólo pueden ser desempeñadas por servicios de farmacia hospitalaria, oficinas de farmacia o laboratorios farmacéuticos". "La no exigencia de esa habilitación profesional abre la licitación a empresarios que no reúne los requisitos que establece la Ley del Medicamento", rezaba el recurso presentado.
Asimismo, aseguraban que los pliegos deberían considerarse nulos "porque exigen unos requisitos de titulación al personal adscrito a la ejecución que no guardan relación ni con la habilitación profesional exigible ni con el
objeto del contrato que limita las oportunidades profesionales de los licenciados en Farmacia; porque imponen la aplicación de una normativa técnica que no guarda relación con el objeto del contrato y que limita la participación de los farmacéuticos; porque la previsión sobre devolución de medicación no administrada es contraria al ordenamiento jurídico, y porque se han dictado en fraude de ley, ya que la Conselleria está burlando las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2014 que anularon la Orden 14/2010 de la Conselleria de Sanitat a instancia del COF". En este último punto, subrayaban que "el pliego reproduce las UFAD anuladas al no exigir ningún requisito de habilitación profesional".
Propuesta alternativa
Confirmado que el COF seguirá dando la batalla judicial, Giner ha insistido en su propuesta de integrar a la farmacia en el modelo, "a través de una capacitación específica y de alta calidad liderada por los COF", ya que, asegura, los representantes colegiales están "de acuerdo con el planteamiento de la Consellería de que el modelo de atención a residencias debe basarse en la calidad, la equidad y la eficiencia". No obstante, matiza que para ellos la equidad es que "el paciente pueda elegir en las mismas condiciones, siendo que, con Resi-EqiFar, el paciente de centro sociosanitario no va a poder hacerlo".
También se ha mostrado abierto a negociar la participación de la farmacia en el modelo impulsado por la Consellería, ya que, de lo contrario, y ante el cambio normativo propuesto por el Departamento de Montón, se podría dar la situación de que no haya quien dispense los medicamentos. "Si se prohíbe la participación de las oficinas de farmacia y finalmente el TACRC anula el sistema, ¿quién va a suministrar medicamentos a los centros? Los hospitales ya han dicho no van a poder. Las farmacias lo tendrían prohibido. Tendrían que ir los gerentes de los hospitales a las oficinas de farmacia y se estaría generando un caos que podríamos haber evitado", se queja.