El Gobierno ha evitado dar a conocer su opinión acerca de la obligada adhesión de las comunidades autónomas que solicitan mecanismos de financiación con el Fondo de Liquidez Autonómica al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y Farmaindustria.
El senador de Compromís Carles Mulet, preguntó el pasado julio, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, por las medidas que tiene previsto el Gobierno para terminar con esa obligación. Mulet, citando palabras de Isaura Navarro, diputada de su partido en las Cortes Valencianas, asegura que el Gobierno del PP “boicoteó el trabajo del Consell del Botánico para abaratar la compra de medicamentos mediante compras centralizadas, poniendo como obligación para continuando recibiendo el FLA el convenio con la industria farmacéutica”. Navarro exigía poner fin a esa obligación y que se “devuelva la autonomía en la gestión de la compra de medicamentos” ya que la Comunidad Valenciana “no puede renunciar a recibir el FLA”.
Mulet: “¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno al respecto de la obligación de adhesión al Convenio de Farmaindustria si se pide el FLA?”
Gobierno: “La necesidad de FLA se está reduciendo ya que las CCAA están saliendo a los mercados”
La respuesta del Gobierno, lejos de anunciar el fin al convenio con Farmaindustria o eliminar la obligatoriedad de su adhesión a las comunidades autónomas que necesiten financiación por parte del Gobierno central, algo que hubiera tenido muy sencillo en la respuesta parlamentaria, se ha limitado a indicar que en los últimos tiempos se está produciendo un “impulso de la salida a los mercados de las comunidades autónomas”. Esta salida a los mercados supone, lógicamente, una reducción de la dependencia del FLA para conseguir financiación y liquidez y, por tanto, el cese de las obligaciones.
A este respecto, el Ejecutivo especifica que la necesidad de los mecanismos de liquidez extraordinarios se están reduciendo con el impulso gracias al acuerdo propiciado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 5 de julio.
Ataques en el pasado
Esta respuesta llama la atención debido a que en los últimos años el PSOE, especialmente desde algunas comunidades como la Valenciana, ha planteado una batalla contra la obligación de adhesión. Esta batalla también se ha dado a nivel parlamentario en Congreso y Senado. Incluso el portavoz de Sanidad del PSOE en el senado, José Martínez Olmos, consideró que el convenio era “papel mojado” porque no estaba firmado por las compañías, que serían las obligadas al pago, sino por una asociación.
Ahora, en la primera oportunidad que el Ejecutivo ha tenido para pronunciarse al respecto y desvelar qué hará en un futuro muy próximo y si procederá a denunciar el convenio o, por el contrario, prorrogar su vigencia, no lo ha hecho.
