Expertos plantean distintas estrategias para estimular a los padres a vacunar a sus hijos

Federico de Montalvo, director del Centro de Innovación del Derecho (CIDICADE) y presidente del Comité de Bioética de España, y César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo, participaron como ponentes en el encuentro sobre vacunas organizado por MSD en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para plantear diferentes estrategias que sirvan para estimular a los padres a vacunar a sus hijos.

De Montalvo, uno de los autores del Informe del Comité de Bioética de España 'Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas para un debate necesario', en el que planteaban que, "junto al impulso de medidas de educación, información y promoción de conductas favorables a la vacunación por parte de la población, como política principal de salud pública, pueda imponerse, en supuestos muy específicos, la vacunación obligatoria".

Sin llegar a negar la mayor, este experto reconoció que había experimentado un cambio de percepción, que le lleva a no creer que sea necesaria una política de vacunación obligatoria. "Creo más en la promoción de cursos de acción intermedios, es decir, sistemas de incentivos", los cuales ya estaban planteados también en dicho informe. Asimismo, destacó la importancia de la ejemplaridad por parte de los profesionales sanitarios, muchos de los cuales siguen sin vacunarse.

El presidente del Comité de Bioética planteó también el tema con un enfoque legal, en el que profundizó después el magistrado del Supremo. Ambos hicieron referencia a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que establece que "la negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye una situación de riesgo" y que, en esos casos, "las autoridades sanitarias pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor". El problema, reconocieron, es la dificultad de las autoridades para conocer estas situaciones.

Tolosa reconoció que, más allá de esta disposición, "no existe medida legal que imponga a ningún ciudadano la obligación de la vacunación, tampoco a menores" y, en su opinión, teniendo en cuenta las posibles repercusiones para la salud individual y colectiva de la no vacunación, cabría establecer consecuencias jurídicas. "Está ocurriendo en Alemania, con sanciones, o en Italia", señaló, abriendo la puerta, también, a la posible aplicación de "medidas restrictivas de derechos".

Australia: de los incentivos a las sanciones

Hizo mención, en este sentido, a la política de incentivos de Australia, consistente en ofrecer beneficios fiscales a los padres que vacunaran a sus hijos, lo cual habría producido, dijo, "un incremento del 20 en la cobertura". No obstante, la medida tuvo un recorrido finito, que les ha hecho pasar de los incentivos a las sanciones. "Cada 15 días sin vacunar, 18 euros de multa a los padres", explicó.

Sobre la situación en España, reconoció que sigue rigiendo el sistema de voluntariedad, "pero empiezan a aparecer medidas restrictivas de derechos y los tribunales se ven obligados a pronunciarse", señaló, haciendo referencia a un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que en su opinión "va a marcar la línea en la que se van a mover los tribunales, y que consiste en que prevalezca el interés del menor frente a cualquier otra cuestión".

También consideró que las sentencias dictadas por los tribunales españoles están contribuyendo a sentar la doctrina "de que el consentimiento debería excluirse en los casos en los que las vacunas están incluidas en el calendario, por considerar su no administración una conducta de riesgo".