Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han rubricado el acuerdo de coalición de gobierno con el que pretenden alcanzar la investidura del candidato socialista en los primeros días de enero.
Este acuerdo, que desarrolla mucho más el presentado a los dos días de las elecciones del pasado 10 de noviembre incorpora una serie de medidas del ámbito sanitario de gran calado.
Entre ellas se puede resaltar el objetivo de alcanzar una inversión pública en sanidad del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) para el final de la legislatura, en 2023, un objetivo que se plantean conseguir “en el marco del Consejo Interterritorial de Salud”. Y, por otro lado, pone el foco en la industria farmacéutica y el precio de los medicamentos. “Orientaremos las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios”, señala uno de los apartados del acuerdo.
Además, el acuerdo recoge incrementar los recursos del Fondo de Cohesión Sanitaria y desarrollar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas “que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual”. Según se recoge, “el objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia”.
Más allá, el texto vuelve a recoger, como ya hicieran acuerdos similares anteriores, la “eliminación progresiva de los copagos” y el impulso a la protección y “acceso universal al Sistema Nacional de Salud”. Además, aseguran que avanzarán “en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. A este respecto, indican que se revisará la Ley 15/1997 y se impulsará la Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de seis meses.
Por otro lado, la apuesta por la renovación de la tecnología sanitaria o la digitalización del SNS. En relación con la primera, señalan que “sado el desafío financiero que la incorporación tecnológica significa, el SNS apostará por tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada”. Con respecto a la digitalización, se explica que “contribuirá de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas, así como a consolidar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación”.
En relación con las enfermedades raras, señalan que se integraran sus necesidades “en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan”.
