La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE), y el Sindicato de Enfermería (Satse), ha mostrado su absoluto y contundente rechazo a que las pruebas rápidas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia.
Argumentan su oposición con los supuestos "riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos". Consideran, a este respecto, que se estaría "propiciando la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la covid-19 entre la ciudadanía, al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura".
Apuntan, también, que las oficinas de farmacia "no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas" y reiteran la necesidad "de contar con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas, una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública".
Destacan, finalmente, que los farmacéuticos no están cualificados para extraer muestras, y que realizar este proceso de forma incorrecta podría "generar un falso negativo", lo que supone, dicen, "un riesgo enorme para la salud pública".
Por todo ello, han defendido que estas pruebas "sean realizadas siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras, enfermeros u otros profesionales, tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente".
Más allá de criterios sanitarios, desde la Mesa de Enfermería han hecho alusión reiterada al carácter privado de los establecimientos farmacéuticos, a los que acusan de especular con la salud, por ser "empresarios con una cuenta de resultados" que están intentando "ampliar su negocio".
Respuesta del COF de Madrid
El primero en responder a este nuevo posicionamiento de la profesión enfermera en contra el despliegue asistencial de la farmacia comunitaria ha sido el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, justificando el ofrecimiento para realizar estos test con el hecho de que son por ley "un establecimiento sanitario, con profesionales sanitarios", y que trabajan de acuerdo al "interés público".
Para el COF, lo que demanda la situación, más que una "lucha competencial de profesionales", son "respuestas y soluciones para combatir al virus". "El ofrecimiento del COF responde a un momento excepcional y ante la demanda que los pacientes están haciendo a las autoridades sanitarias. Es un ofrecimiento leal a la sociedad, con todo el rigor y seguridad que merece el ciudadano; es una cooperación entre profesionales que debe verse desde esa particularidad y no como una invasión de competencias", aseguran.
No obstante, no rehúyen el debate competencial, y llaman a leer la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, donde dice: "Corresponde a los licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad:
No de deben hacer test el farmacias no están para eso