El grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha exigido la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por poner en duda la evidencia científica del uso de las mascarillas FFP2 frente al covid-19
En una Proposición no de Ley firmada por el diputado Guillermo Díaz, la formación indica que el ministro de Consumo declaró públicamente que "no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite" que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el la enfermedad.
Ciudadanos califica estas declaraciones de “negacionistas” e “irresponsables” y aseguran que pueden “conllevar importantes costes en términos económicos, pero, y sobre todo, en vidas humanas”.
La formación naranja recuerda que “ el pasado mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Sr Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como ‘egoístas’, y por tanto desincentivando su uso”. Sin embargo, aseguran “se ha probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas sólo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia”.
Igualmente plantea que varios gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea “han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas mascarillas”.
Sin embargo, para Ciudadanos, en España, “el Gobierno ni siquiera incluyó estas mascarillas, más caras, en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que el Gobierno está obligando a una familia española de cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección”.
Pese a ello, “y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación contraria”, señala Díaz.
