Poco a poco se van conociendo algunos detalles de por dónde irá el nuevo modelo de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) que surja del real decreto de ETS. Una de las claves de este será la separación de las funciones de evaluación de las de decisión y para ello, el Ministerio ha realizado un interesante sistema de división del trabajo, mejorando la participación y, esperemos, la transparencia.
Aunque es posible que el modelo definitivo varíe en relación con el que Diariofarma publicó este domingo, parece que la esencia será como se plasmó: tres ámbitos distintos de trabajo donde se realice por un lado la evaluación científica, tanto clínica como económica; por otro, el posicionamiento social, ético y de gestión en función de los parámetros de las evaluaciones previas y, por último, el ámbito decisorio, más político.
Los procesos de introducción de nuevos medicamentos en la cartera sanitaria en España adolecen de una serie de defectos que se suman al más obvio en términos de tiempo de acceso. Creo que existen graves problemas en materia de transparencia, participación y, como bien reconoce el propio ministerio, de separación de la evaluación y la decisión.
Durante demasiado tiempo, la falta de separación de estos dos ámbitos ha propiciado que en muchas ocasiones se haya utilizado al ámbito técnico para otorgar a los decisores los argumentos que necesitaban para justificar una decisión que ya estaba tomada.
Igualmente, se ha limitado la participación de pacientes, profesionales e incluso industria, a un papel meramente de florero. Las solicitudes de aportación que se pedían a estos actores llegaban en un momento tan avanzado de las evaluaciones que poco o nada influía todo aquello que pudieran decir. Además, nunca se les informaba de lo que había pasado con sus aportaciones, por lo que la sensación de un trabajo baldío ha sido recurrente.
Más allá, y creo sé que este aspecto resultará muy polémico, creo que puede haber llegado el momento de recuperar una visión mucho más holística en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). La entrada paulatina de las comunidades en la CIPM, donde ya se encuentran en franca mayoría, dirige los debates hacia sus necesidades, y ha hecho que la CIPM de hoy no se parezca en nada a la de 2011.
En enero de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy cambió la estructura de la CIPM y dio entrada a dos comunidades autónomas como vocales, junto a otras como oyentes. Posteriormente, pasaron de dos a tres las comunidades con voto y finalmente se aplicó la presencialidad a la totalidad de las autonomías.
Con esta evolución el papel de los ministerios de Hacienda, Industria o Economía se ha venido diluyendo y las decisiones de la CIPM, que debían tratar de conciliar intereses como país, más allá de los puramente propios del Sistema Nacional de Salud (SNS), se vieron arrastradas por el debate presupuestario y del impacto económico.
Creo que este puede ser un buen momento para reordenar la participación de cada ente en el momento oportuno de los procesos. Recuperar una visión más macro para justificar algunas de las decisiones y aportar al sistema una configuración más moderna y que asegure la separación entre evaluación y decisión debe ser una obligación. Y eso es independiente de que las comunidades autónomas deban tener un sistema de financiación adecuado a las prestaciones que tienen encomendadas, pero lo que no puede ocurrir es que esta situación recaiga sobre las espaldas de los pacientes que esperan, esperan y esperan, pese a tener derecho a acceder a un medicamento.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Nicolas Gonzalez Casares: