“Creemos que el Interterritorial es un decorado, no atiende reivindicaciones”

Se han cumplido ya dos años de legislatura para muchas comunidades autónomas y es un buen momento para hacer balance de la situación. Este es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, recibe a Diariofarma en su despacho para analizar estos dos años, el resto de legislatura, así como otros retos que tiene el sistema sanitario español y valenciano.

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P. ¿Qué balance hace de estos dos años de legislatura?

R. El balance es la recuperación de derechos, aquellos que fueron arrebatados por el Gobierno del Partido Popular. Hemos sido pioneros en recuperar la atención universal a todas las personas y, además, hemos sido pioneros en las ayudas al copago, además, de dispensar el tratamiento de la Hepatitis C a todos los enfermos.

P. ¿Qué otras acciones de interés han realizado?

R. El fortalecimiento de la sanidad pública valenciana. Apostar por la estabilidad en el empleo con una OPE de casi 19.000 plazas, también apostando por las infraestructuras con una inversión de 359 millones de euros para la dignificación y apostando por la eficiencia del sistema, teniendo ya un ahorro de 220 millones de euros respecto al año 2016.

P. ¿En qué ámbitos se ha logrado esa eficiencia?

R. En farmacia, activando compras centralizadas, controlando stock y otras que no tienen que ver con la farmacia, como eficiencia energética y control de conciertos y concesiones, sin tocar los derechos laborales de los trabajadores y sin mermar la calidad asistencial, incluso incorporando fármacos innovadores.

P. ¿Y de para lo que resta de legislatura?

R. Seguir en la línea de recuperación de derechos. Para nosotros la sanidad pública es sinónimo de la salud como derecho. Tenemos algunos hitos por delante que serán emblemáticos, ya que será la primera vez que se produzca en España, incluso en Europa, como es la vuelta a lo público del modelo de las concesiones en abril de 2018. Lo que fue el laboratorio de la privatización de la sanidad en España, que es el modelo Alzira, concluye y pasará a ser un departamento de gestión pública directa.

P. Hace unas semanas hubo una sentencia que cuestionó el sistema de ayudas al copago. ¿Cómo lo valora?

R. Las ayudas frente al copago están vigentes y para el presupuesto de 2018 se reeditan. No es una sentencia firme, nosotros hemos presentado un recurso de casación. En todo caso creo que esta situación obedece a la dinámica que ha llevado el Gobierno de Mariano Rajoy con la Comunidad Valenciana. La reflexión es que no está yendo en contra del Gobierno Comunidad Valenciana sino frente a un millón trescientas mil de personas que están disfrutando de ayuda al copago. En la Comunidad Valenciana no se abandonan los tratamientos por motivos económicos por esas ayudas. El problema se acabaría si se derogara el decreto 16/2012, que es injusto y no solamente introduce la exclusión sanitaria sino que también perjudica a la salud de las personas. Es el gran caballo de batalla a batir.

P. ¿No cree que debe haber alguna medida de corresponsabilización para concienciar sobre el coste que tiene la atención sanitaria y que debe hacerse un buen uso?

R. La medida de corresponsabilización ya existe y son los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Los copagos son medidas de recorte precisamente a las personas más vulnerables.

P. Pero prácticamente todos los países europeos tienen algún tipo de copago y que van mucho más allá del farmacéutico…

R. Aquí lo que se ha demostrado es que perjudica a la salud, por lo que creo objetivamente que establecer medidas que perjudican a la salud y a la ciudadanía, a la larga es pérdida social y económica. Una medida que perjudica a la salud no debe estar contemplada como medida de eficiencia, entre comillas.

P. Pasando a otro asunto, ¿cómo valora la situación del reglamento del Consejo Interterritorial del SNS?

R. Mi opinión es clara: el Consejo Interterritorial no puede ser un decorado. En estos momentos así lo sentimos, no se atiende a ninguna petición ni a ninguna reivindicación, ni se cuenta con las comunidades autónomas como, por ejemplo, en los tratamientos de la hepatitis C. No se cuenta con las comunidades ni para fijar el precio ni para fijar estrategias y tiene que ser de verdad un órgano de participación, un órgano colegiado. No se puede estar de convidado a unas decisiones que luego tú tienes que ejecutar. Creo que hay que cambiar el funcionamiento. El modelo que plantea el ministerio es mucho más centralista y eso, con las competencias transferidas, no parece muy coherente.

P. ¿Pero cuál sería la solución con el reparto de competencias que hay ahora mismo?

R. Tendríamos que tener una voz más potente, más allá de ruegos y preguntas de algún Interterritorial que tiene más de 40 puntos y se reúne de tanto en tanto, porque la situación es insostenible, ha pasado ya demasiado tiempo. La solución sería que las comunidades pudiéramos opinar y tomar decisiones en mayor nivel que en el que ahora estamos tomando y que de verdad sea un órgano de colegiación y de consenso.

P. ¿Y eso no se consigue con el nuevo reglamento?

R. No, al contrario, retrocedemos. Se centraliza todo mucho más en el ministerio, que es al final quien decide cuestiones que hay que ejecutar en el territorio.

P. En la Comisión de Precios de los Medicamentos se ha incrementado la presencia de comunidades autónomas. ¿No es suficiente?

R. Yo creo que no es suficiente. La Comunidad Valenciana tiene ganas de colaborar, a pesar del empeño del Gobierno Central de entorpecer todas las medidas de recuperación de derechos, ya que fuimos los primeros en apuntarnos a la interoperabilidad de la receta farmacéutica, también de la tarjeta sanitaria. Estamos colaborando con todas las medidas que propone el Ministerio.

P. Una de sus banderas de la ministra de Sanidad, sobre todo en los primeros meses de año ha sido el Pacto por la Sanidad. ¿Cree que es necesario y que posición deben tener las comunidades autónomas?

R. Es necesario un Pacto por la Sanidad, pero mientras vamos pensando, estudiando y hablando de pacto, no hacemos. Creo que la ministra que ha decidido dejar pasar el tiempo. Ojalá fuese más proactiva.

P. ¿Qué cree que debe contener ese Pacto?

R. Debe haber ciertas cuestiones básicas: defensa de lo público y de los derechos de las personas, la salud como derecho. Pero insisto, con el decreto de 2012 es complicado ponernos de acuerdo. Las comunidades autónomas tienen que tener mayor margen en la toma de decisiones

P. ¿Ese es el mayor problema que hay para la cohesión y para el funcionamiento de las comunidades autónomas?

R. Lo que pedimos las comunidades autónomas en primer lugar es diálogo y buscar el consenso y lo que nos hemos encontrado es una actitud ‘a la trágala’. Por tanto no hay margen de maniobra ni de diálogo. La ministra nos recibió a los muchísimos meses y estuvimos 45 minutos la vicepresidenta y yo con ella. Si ese es todo el diálogo que tenemos con el Gobierno Central, aparte de los recursos que interponen a nuestras medidas de recuperación de derechos, parece que el clima no es el más favorable para que exista una verdadera política de Estado consensuada con las comunidades autónomas.

P. Pasamos a otros temas como la incorporación de la innovación y el reto que supone. ¿Cómo lo van a afrontar?

R. El Ministerio tiene su labor. Estuvo trabajando en una herramienta para identificar los fármacos verdaderamente innovadores pero parece que no lo acaba de resolver. Nosotros lo que hemos hecho para suplir ese hueco es hacer un protocolo de uso homogéneo a cada fármaco innovador que se incorpora de forma que se pueda implantar en toda la Comunidad Valenciana y en todos los centros de manera equitativa.

P. Hay algunas propuestas de algunos partidos políticos, entre ellos el PSOE, para vincular determinadas partidas presupuestarias adicionales en algunos medicamentos con impacto importante como algunas innovaciones o medicamentos huérfanos ¿Cómo lo valora?

R. Nos parece bien, hay que cambiar cómo se ha trabajado, ya que tenemos el ejemplo de la hepatitis C que ha desvelado algunas deficiencias. El PSOE ha pedido ese fondo estatal para la hepatitis C, pero tiene que existir una coordinación y transparencia a la hora de establecer los precios, de negociar los precios y dentro de esa coordinación, una verdadera participación de las comunidades autónomas.

P. ¿Qué proponen?

R. Hay que dar más transparencia a la fijación de precios, tiene que existir una mayor coordinación entre la Agencia Española de Medicamentos y la Dirección General de Cartera Básica, entre la autorización y la decisión de financiación del medicamento y eso nos ayudaría a que la situación fuera a mejor. Actualmente estamos trabajando para establecer techos de gastos, pero nos gustaría mayor coordinación y transparencia, que no hubiera entre dichas instituciones ese tiempo de calaje y que entorpece.

P. Esos techos de gasto, ¿a qué medicamentos se establecerían?

R. Estamos trabajando fundamentalmente en aquellos que tenga un alto impacto económico y sanitario.

P. ¿Serán independientes de los que pudiera establecer la Comisión de Precios?

R. De momento estamos valorando la situación. Los techos de gasto establecidos por el Ministerio eran para determinados medicamentos y de forma particular. Por otro lado está la negociación de la comunidad autónoma con la industria, que será otra herramienta.

P. Hace unos días la directora general de Cartera Básica, Encarna Cruz, comentó que iba establecer techos de gasto, en principio, para todos los medicamentos oncológicos, por lo que se empezaría a trasladar a las comunidades autónomas…

R. Estamos expectantes…

P. ¿Qué papel cree que pueden jugar, los biosimilares, por su importancia, pero también los medicamentos genéricos?

R. Nosotros estamos apostando mucho por los biosimilares. En lo que llevamos de año hemos superado el 30%, respecto a los genéricos creemos que haría falta una política más decidida por parte del Ministerio para que los hiciera realmente competitivos. Para regular el mercado sería muy necesario que el Ministerio se lo tomara en serio.

P. ¿Respecto a los biosimilares qué estrategia están siguiendo?

R. Básicamente la estrategia es que en todos los pacientes nuevos se utilice el biosimilar, así como en todos aquellos que el clínico lo considere. Además, en nuestros acuerdos de gestión, uno de los indicadores es la penetración de los biosimilares.

P. Uno de los biosimilares que van a acaban de llegar es un fármaco oncológico y algunos oncólogos son un poco reticentes a su uso ya que supone un cambio. ¿Sucede así en la Comunidad Valenciana?

R. Nosotros hemos observado que hay una buena aceptación respecto a la directriz que marca la Consellería, prácticamente en dos años hemos superado el 30% y es una tendencia que queremos mantener. Hablaremos con los servicios y médicos de la red valenciana de oncología, nosotros trabajamos en red porque nos preocupa mucho la equidad en todos los ámbitos, pero en el tratamiento oncológico especialmente.

P. ¿Por qué se ha salido la Comunidad Valenciana de la central de compras del Ministerio?

R. A que no nos ofrecía ninguna ventaja. Nosotros tenemos que velar por dar el mejor servicio y acudir a una central de compra tiene que ser por un claro significado de eficiencia. Si no nos la da y si nosotros tenemos el producto más rápido y en el precio adecuado, entonces es que se tiene que esforzar más el Ministerio de ofrecer un producto que nos beneficie a las comunidades autónomas.

P. ¿Entonces, o cambian las cosas o no acudirán a otras convocatorias?

R. Iremos a aquellas que veamos interesantes y que vengan bien a las arcas públicas valencianas. Les invitamos a que saquen mejor precio y que hagan las cosas de una manera más decidida ya que a nosotros nos encantaría conseguir beneficios.

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