España es el segundo país europeo que más ansiolíticos consume por detrás de Portugal, y el cuarto en consumo de antidepresivos. Las prescripciones no han dejado de aumentar desde que hay registros. Este aumento es especialmente preocupante en la población joven. Entre los 20-24 años, el consumo de antidepresivos ha aumentado un 52% desde 2017, un 40,4% entre los jóvenes de 25-29 años
Es en este contexto donde el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad se ha planteado la prescripción social, vinculada a una deprescripción farmacológica. De este modo, pretenden “impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora del uso de psicofármacos dirigida tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada y con información que empodere a la población general”.
Así lo ha asegurado la Comisionada de Salud Mental, Bélen González, que este jueves ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, para dar a conocer las principales líneas de actuación que se van a desarrollar en el departamento. “Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa.”
Sobre los planteamientos concretos sobre cómo y cuándo se va a desarrollar esta actuación, González no ha aportado muchos detalles, y aquellas cuestiones que ha indicado, al menos por el momento no se acercan demasiado a la práctica clínica convencional: “Se trata de poder prescribir, por ejemplo grupos de deporte en lugar de Rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de lorazepam”, ha afirmado.
Nuevo plan de acción
Belén González ha dicho en su comparecencia que: “Se necesita una atención integral, interdisciplinar, de calidad, que incluya la psicoterapia y una frecuencia de citas que, en estos momentos se hace imposible”; y ha recordado los dos ejes sobre los que se articula el Comisionado: “El de los recursos asistenciales y el de las políticas públicas. La división entre lo social y lo asistencial, entre lo político y lo médico, es un falso dilema. Una persona con un trastorno psicótico grave no puede vivir fuera de una institución con una pensión de 500 euros al mes”, ha asegurado
La comisionada también ha explicado que se ha iniciado un proyecto para reconocer y registrar todo el sufrimiento psíquico derivado del trabajo. Un proyecto en el que va a participar un grupo multidisciplinar de expertos que incluye desde filósofos a inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras. “El trabajo cada vez es más difícil, más intenso, más rápido y más precario. Y cada vez hace más daño. Es una responsabilidad como gobierno que tomemos cartas en un asunto que ya es un problema de salud pública”, asegura.
La intención del ministerio de Sanidad es, “en primer lugar, establecer un marco común para la detección y reconocimiento del sufrimiento psíquico derivado del trabajo como primer paso para su registro, seguimiento y en última instancia, para poder señalar las condiciones laborales que nos están haciendo enfermar”. De acuerdo con las conclusiones del informe PRESME del Ministerio de Trabajo y el Grupo de Expertas en Salud Mental y Precariedad Laboral, “si acabáramos con la precariedad laboral podríamos haber evitado 170.000 casos de depresión en el año 2020”.
En los últimos años se ha ido produciendo una tendencia hacia la medicalización de los problemas sociales, una situación que genera dos consecuencias, según la comisionada, la primera, el incremento de demanda en el sistema sanitario, lo que explica parcialmente el aumento desmesurado en las listas de espera; la segunda, los problemas que se derivan de intentar resolver con herramientas sanitarias lo que son problemas sociales.
“Sabemos, por ejemplo, que, en nuestro país, el diagnóstico de esquizofrenia es 12 veces más frecuente en rentas bajas que en rentas altas, o que el uso de antidepresivos es aproximadamente 4 veces mayor según la clase social. Pero eso no significa que lo social se pueda resolver desde las consultas de psicología y psiquiatría. Con frecuencia identificamos que lo que realmente necesita un paciente no es un psicólogo, sino un abogado laboralista, Con frecuencia, frente a la impotencia de no hacer nada y la falta de tiempo para generar un relato más ajustado a los problemas sociales, se opta por la prescripción de psicofármacos.”
Desde el Comisionado de Salud Mental se va a poner en marcha un plan específico que arroje luz sobre las condiciones y desencadenantes de este problema y que tome medidas de eficacia comprobada. Además, ha dicho la comisionada, “continuaremos con proyectos que ya se venían desarrollando, como el teléfono de asistencia 024, al que vamos a añadir mejoras como la recomendación de activos de salud para los usuarios que puedan beneficiarse de ello. A lo largo de 2025 contaremos además con un plan de acción frente al suicidio que tendrá financiación independiente”.
