Las vacunas y su peculiar financiación

La financiación de las vacunas en España es un tema controvertido desde hace ya tiempo.

Como regla general, las vacunas están financiadas en su totalidad (sin copago) cuando están incluidas en algún programa de inmunización establecido a nivel autonómico o nacional. Esto hace de España un mercado eminentemente público. Sólo en momentos puntuales hay un mercado de prescripción importante, que se autolimita hasta que esa vacuna entra en un programa público de inmunización.

El hecho de que no haya un copago en las vacunas de calendario podría hacernos pensar que están contempladas en la Cartera Básica de Servicios, perteneciente a la Cartera Común, pero no es así. En realidad, las vacunas están dentro del Catálogo de Prestaciones de Salud Pública. Por tanto, son las Direcciones Generales de Salud Pública de las comunidades autónomas quienes las financian a través de sus presupuestos.

¿Pero qué pasa con las que no están en este supuesto? De no ser clasificadas como de uso hospitalario, están disponibles en las oficinas de farmacia con la debida prescripción. Pero, en ese caso, aunque hay alguna excepción en el pasado, en la actualidad no suelen tener ningún tipo de financiación, es decir, el ciudadano paga el importe íntegro del precio.

Inequidad frente al resto de medicamentos

Esto es una inequidad para las vacunas y para la población, porque el resto de los medicamentos sí tienen un copago por estar incluidos en la Cartera Suplementaria de Servicios del Sistema Nacional de Salud (apartado de Prestación Farmacéutica). Por ejemplo, un antibiótico tiene una financiación parcial (copago) pero una vacuna no. Cuesta comprenderlo, pero hay algunas razones que pueden explicarlo.

Las vacunas siempre han sido consideradas una herramienta de Salud Pública y es cierto. El problema surge cuando alguien cree que lo son en exclusiva del ámbito salubrista y pone todas las trabas para que así sea (hay muchos ejemplos en el pasado). Esto tiene su fundamento en la priorización del criterio poblacional sobre el de protección individual. No en vano, el regulador suele introducir en la ficha técnica “el uso de esta vacuna debe estar basado en las recomendaciones oficiales”.

En algunos casos podría tener sentido, pero en otros no (ya se vio hace unos años con el caso de la vacuna de la varicela). Son muchas las vacunas que vivieron su peculiar purgatorio en la oficina de farmacia hasta que al final se incluyeron en los calendarios de vacunación. Tales fueron los casos de la antineumocócica conjugada, rotavirus, varicela, meningitis B, etc. En estos escenarios fueron las familias quienes financiaron el importe íntegro de las vacunas.

Actualmente esta situación se ha repetido por la aparición de varios preparados destinados a adultos y mayores. Pongamos por caso la vacuna del herpes zóster. Tomemos como ejemplo una comunidad que la ha introducido en sus programas para los que cumplen 65 y 75 años. Cada año se va vacunando a las personas a medida que cumplen esas edades. El resto entre los 66 y 74 años deben esperar a cumplir los 75. Alguien dirá, siempre pueden acudir a la farmacia con una receta y comprarla. Así es, pero asumiendo el coste total de la misma (dos dosis) sin ninguna financiación parcial. Es sólo un ejemplo de muchos.

Esto es una inequidad de manual. Podemos entender que los recursos sean finitos y no se pueda inmunizar a toda la población, porque además aumentarían las posibilidades de que la medida no fuera coste-efectiva, pero sería deseable que las vacunas tuvieran un copago como el resto de los medicamentos.

Protección individual

En un caso como éste en el que no hay un beneficio colectivo, pero sí lo hay desde la perspectiva de la protección individual, valdría la pena plantearse las externalidades positivas de esa decisión personal para el Sistema Nacional de Salud e incentivarlas de alguna manera. La financiación parcial sería una opción.

Pero en este supuesto, cambiaríamos de pagador, ya no sería Salud Pública, sino Farmacia quien debería asumir el coste de esa financiación parcial. Tal vez, éste sea uno de los problemas ya que podría ser percibido como una pérdida de control, pero no es así. Tan solo hay que asegurar el registro y seguimiento de la inmunización. Realmente es una potencial solución para mejorar el acceso a la prevención.

Si no rompemos esta dinámica, estaremos obligando a que los magros presupuestos de Salud Pública se vean tensionados por la aparición de nuevas herramientas que están por llegar.

Otra solución, la más sencilla y deseable por otra parte, sería incrementar esos presupuestos para poder ampliar la protección de la población, pero la historia nos dice que es bastante improbable.

Cuando una nueva vacuna está llegando, en realidad la gran barrera es que no hay una dotación presupuestaria asignada para implementarla, ni margen para encontrarla. Y éste es uno de los grandes problemas: es necesario anticipar mucho el trabajo, con el consiguiente incremento de las interrogantes por falta de información. Además, el presupuesto de Salud Pública es escaso y obviamente debe ser aprobado previamente para luego iniciar los procedimientos de compra. Ahí entran en litigio los tiempos del área técnica con los de la parte más política. Y esto por desgracia, lo hemos vivido más de una vez. Aunque para ser justos, también ha habido ocasiones en las que la anticipación del proceso ha sido la adecuada, como en el reciente caso de la introducción de un anticuerpo monoclonal para la prevención del virus respiratorio sincitial en lactantes.

Como conclusión, una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, lo cual significa que es segura, eficaz y que su relación beneficio riesgo es positiva, si no es candidata para incluir en un programa poblacional (por el momento) y está disponible en la oficina de farmacia, debería tener una financiación parcial.

Porque la inequidad no sólo consiste en que unos ciudadanos con mayor poder adquisitivo se la puedan permitir y otros no. Si estuviera financiada parcialmente, más población tendría acceso a la prevención. No olvidemos que en el copago ya se tiene eso en cuenta y se contribuye en función del nivel de renta.

Una cosa es la equidad y otra distinta, la igualdad.

Pedro Alsina es farmacéutico y experto en vacunas.