“Las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios que, por su cercanía y proximidad con los pacientes, desempeñan un papel fundamental en la política de salud pública y de uso racional del medicamento que debería reforzarse”, esta es una de las principales recomendaciones que, dentro del plano farmacéutico, ha planteado el Consejo Económico y Social (CES), a la ministra de Sanidad, Mónica García.
El Presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, junto a diversos representantes de esta entidad ha presentado este jueves a la ministra de Sanidad, el informe ‘El sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro’, en el que se recogen las 21 medidas que esta institución reconoce como actuaciones prioritarias que el SNS debe llevar a cabo para garantizar la viabilidad del sistema.
Fundamentalmente, las medidas están encaminadas en cinco ejes. Por un lado, aumentar el impacto positivo del sistema sanitario en la salud y el bienestar; la realización de “una apuesta por la salud pública, la prevención y la preparación ante nuevos shocks”; avanzar hacia una efectiva universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS); mejorar la equidad en el acceso a los servicios de atención sanitaria en el SNS y concretar, actualizar y mejorar la cartera de servicios del SNS
La cuestión farmacéutica adquiere una especial relevancia en diversos planos del informe, que afectan tanto a la profesión como al conjunto de la sociedad. Entre otras cuestiones el CES alude directamente a los copagos, indicando que es preciso “analizar la viabilidad de nuevas reformas para profundizar en el objetivo de equidad en la regulación de los copagos, como acabar con la diferenciación entre activos y pensionistas; subdividir en más tramos el actual de entre 18.000 y 100.000 euros para dotar al sistema de mayor progresividad; extender los límites máximos de aportación a más grupos o considerar la pluripatología como factor de ponderación del copago”.
En el ámbito plenamente farmacéutico, el CES aboga por potenciar “la calidad de la prestación farmacéutica y el uso racional del medicamento”.
Reforzar la autonomía y garantizar el suministro constituye para el CES “un reto en un contexto en que el desabastecimiento de algunos productos sanitarios y medicamentos constituye un problema global”. Igualmente señala que “es necesario alinear la investigación y la innovación con las necesidades sanitarias no cubiertas”. En perspectiva comparada, en España “transcurre demasiado tiempo entre la autorización de algunos fármacos hasta su prescripción efectiva de modo que el acceso a las terapias y medicamentos innovadores no resulta siempre accesible para todos los pacientes al mismo tiempo, dependiendo de las prácticas de comercialización, las políticas de fijación de precios, la competencia en el mercado o la agilidad de los procedimientos administrativos de autorización”.
En ese sentido, el CES hace un total de 17 recomendaciones, además de la ya señalada sobre la salud pública y las farmacias comunitarias, para reordenar el sistema de prestación en función de los intereses de los ciudadanos.
En primer lugar esta institución hace un alegato en favor de la autonomía estratégica en medicamentos y productos sanitarios, fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministros, lo cual indica, debe traducirse en “la planificación de una reserva estratégica de medicamentos y pro[1]ductos sanitarios esenciales y un sistema de coordinación estatal alrededor de la misma”.
Paralelamente, incide en la implementación de las acciones del PERTE para la salud de vanguardia dirigidas a fortalecer las capacidades de producción de medicamentos y terapias avanzadas del SNS y “su coordinación a nivel estatal, así como el desarrollo y modernización de la capacidad industrial orientada a la innovación”.
También demandan un “impulso” a los cometidos de la Aemps “en el ámbito de la garantía de abastecimiento en colaboración con toda la cadena de valor del medicamento, así como la implementación y seguimiento del Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos aprobado en 2019”. Otra cuestión es la reducción de la burocracia para lo cual demandan “simplificar la complejidad de los procesos administrativos que anteceden a la puesta en el mercado de los medicamentos” e “impulsar procedimientos abreviados de autorización y registro de medicamentos de especial necesidad terapéutica”.
Por otro lado el CES ve necesario articular procedimientos específicos que doten a la inclusión de medicamentos de predictibilidad y transparencia y “avanzar en un proceso de conformación de precios adecuados” y en ese sentido pide también “impulsar la innovación y el desarrollo de medicamentos en áreas donde existen carencias como en el área de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras y cánceres infantiles, así como mejorar la accesibilidad de la población a los mismos”.
En el plano de las RAM plantea fomentar medidas de reducción del uso excesivo de antibióticos eincentivar el desarrollo de antimicrobianos innovadores o alternativas a los mismos.
Otra cuestión a la que hace referencia el informe a la necesidad que tiene Sanidad de completar la implementación del Plan de acción para fomentar la utilización de medicamentos biosimilares y genéricos, así como innovadores, en el SNS, reduciendo las diferencias territoriales respecto al tiempo transcurrido entre el establecimiento de las condiciones de precio y reembolso de los nuevos fármacos oncológicos y la aprobación de su prescripción en hospitales.
Financiación finalista
Dentro de las medidas generales de sosteniblidad, el CES se abre también en su informe a “explorar la ampliación de las transferencias estatales finalistas a las comunidades autónomas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los fondos europeos”. El objejtvo es, reforzar los ámbitos sanitarios más debilitados o menos desarrollados, como la atención primaria, los servicios dentales o la salud mental”.
También demanda una mayor adherencia a los a los programas de cribado de cáncer vigentes, especialmente el colorrectal, reduciendo la desigualdad entre comunidades autónomas y demanda avanzar en la incorporación de nuevos programas de cribado de los tipos de cáncer con mayor prevalencia, como los de próstata, pulmón y gástrico, en línea con las nuevas recomendaciones del Plan europeo de la lucha contra el cáncer y la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2022. “También es necesario, en este sentido, seguir las recomendaciones de ampliación del rango de edad de la población diana en el cribado de cáncer de mama”, aseguran.
En el plano financiero también abogan por “desligar definitivamente el acceso al SNS de la condición de aseguramiento de la Seguridad Social, en coherencia con su naturaleza de prestación universal financiada con cargo a la imposición general”.
Y junto a ello “avanzar en la universalidad del sistema sanitario, extendiendo el derecho a la atención sanitaria a las personas cuya titularidad no había sido explícitamente reconocida”.
En cuanto a la necesidad de aumentar el número de prestaciones, el CES se muestra partidario de “concretar la descripción de las prestaciones que componen la cartera de servicios del SNS, especialmente el alcance y los contornos de prestaciones como la atención sociosanitaria, las prestaciones de salud pública y la atención a la salud mental, así como mejorar la cobertura el alcance en todo el SNS de la atención bucodental y visual, la podología, la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, el apoyo a las dietas especiales, la atención temprana y la atención a enfermas y enfermos terminales.
Nicolas Gonzalez Casares: