La industria presenta su propuesta para conseguir un mejor uso de los psicofármacos

El consumo de psicofármacos sigue siendo un motivo de preocupación en la sanidad española, especialmente tras el incremento en su consumo después de la pandemia. Todo ello genera una incertidumbre sobre si se mantiene un uso adecuado, si es preciso iniciar estrategias de deprescripción o si por el contrario, este tipo de fármacos, necesarios en el abordaje de los problemas de salud  mental son más necesarios que nunca, en un contexto en el que la salud mental se ha convertido en una prioridad institucional, tanto para el Ministerio de Sanidad, como para los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas.

En este contexto, Farmaindustria acaba de publicar el informe ‘Juntos por una mejor salud mental Propuestas para una mejor atención y un uso adecuado de los psicofármacos en España’, en el que el Comité de Expertos de la entidad aporta su visión sobre esta cuestión y aporta una serie de propuestas que permitan inspirar políticas públicas para el abordeja integral de los trastornos mentales.

El informe reconoce en primer lugar, “la legítima preocupación social y profesional ante el riesgo de medicalización del malestar psicosocial cotidiano”, y subraya la importancia de diferenciarlo de los trastornos  mentales que requieren una intervención clínica específica. En ese sentido el trabajo aboga por “promover un uso adecuado de todas las herramientas terapéuticas disponibles, farmacológicas y no farmacológicas”.

Estas propuestas se sintetizan en un decálogo que pasa por “sensibilizar sobre la salud mental de forma rigurosa y precisa en el debate público, reduciendo el estigma”. Por otro lado, aboga por “mejorar la formación en salud mental para todos los profesionales sanitarios que tratan directa o indirectamente con personas con trastornos mentales”, a través de programas de formación  específica, independiente y actualizada sobre psicoterapia y psicofarmacología. 

Igualmente, la dotación de personal sanitario especializado en el sector es uno de los grandes problemas; por ello, demandan “garantizar que las ratios de profesionales de Salud Mental por población  (Psiquiatría, Psiquiatría infantil y adolescente, Psicología Clínica, Enfermería de salud mental y Trabajadores Sociales con dedicación a la salud mental), “cubran las necesidades existentes, reduciendo las labores burocráticas y priorizando su labor asistencial”.

Además, es preciso mejorar la coordinación de todos los profesionales implicados en el diagnóstico y la atención de personas con trastornos mentales, fomentando el  concepto de ‘asistencia compartida’ entre la Atención Primaria, Comunitaria y Hospitalaria.

En el plano farmacológico plantean garantizar que los tratamientos prescritos y el plan de seguimiento “formen parte de un plan terapéutico único consensuado con el paciente, coordinado y adaptado a sus necesidades, y que permita valorar su evolución y la consecución de los objetivos terapéuticos previamente definidos”.

Igualmente es necesario integrar el tratamiento psicofarmacológico y/o la psicoterapia en las  personas con trastornos mentales “en base a la evidencia científica y garantizar que todas las opciones terapéuticas consideradas óptimas estén efectivamente disponibles y sean accesibles para los pacientes”.

De forma paralela se tiene que ampliar la investigación científica (pública y privada) sobre tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos en determinadas poblaciones y condiciones clínicas para las que la evidencia disponible es limitada, promoviendo el uso de datos de vida real.

Junto a ello, llaman también a una “mayor implicación” a las autoridades sanitarias y reguladoras, para lograr la mejor evidencia científica disponible para ofrecer recomendaciones claras. En ese ámbito piden también promover un modelo de toma de decisiones compartidas, “favoreciendo la corresponsabilidad médico-paciente, garantizando una comunicación efectiva y adaptada, continua, clara y bidireccional entre ambos”.

También es preciso implementar un sistema estructurado de seguimiento para la evaluación continua de la respuesta clínica “al tratamiento y el cumplimiento terapéutico, valorando la necesidad de continuar el tratamiento prescrito o, en su caso, la necesidad de ajustarlo o interrumpirlo de forma segura”.

Finalmente abogan por mejorar los sistemas de información, estableciendo indicadores básicos comunes y empleando herramientas digitales para la recopilación de información sobre el uso de psicofármacos, atendiendo no solo a la cantidad de psicofármacos consumidos, sino también a la calidad o adecuación de los usos.