La tramitación parlamentaria de la Agencia Estatal de Salud Pública ha llegado por fin este martes a su fin. En el denominado ‘Pleno escoba’, el último que se celebra antes del verano y que ha recogido buena parte de los temas pendientes en el Congreso, acogió como segundo punto del orden del día el debate a las seis enmiendas colocadas por el Partido Popular con las que el Senado devolvió el proyecto a la Cámara Baja.
El resultado del debate de dichas enmiendas ha sido el previsible y tres de ellas, incluida la relativa a que sea en el ámbito de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) donde se resuelvan las excepciones al sistema de precios de referencia han logrado ser incorporada a la nueva ley.
En concreto, esta enmienda servirá para que la CIPM sea la encargada de evaluar aquellos medicamentos que puedan tener un trato diferenciado como incentivo a la innovación, al tiempo que se mantiene el control sobre el gasto farmacéutico.
Las otras dos enmiendas aprobadas son la referente al procedimiento del nombramiento del director del organismo y la referida a la colaboración del sector farmacéutico en la Aesap, especialmente en las cuestiones que afectan a la reserva estratégica de medicamentos. Quedan fuera el resto, por lo que lo relativo a las disposiciones sobre los medicamentos veterinarios que fueron lanzadas de ERC, se mantienen en el texto de la ley.
La diputada de ERC, Etna Estrems, ha defendido el mantenimiento de la enmienda señalado que “busca resolver parcialmente los problemas derivados del Real Decreto 666” y ha indicado que “esta enmienda lo único que dice es que garantizamos el acceso a los tratamientos de los animales de compañía de nuestras familias”.
La partida para la Agencia
El debate parlamentario fue bronco y plagado de los intercambios de rigor sobre corrupción, el uso inadecuado de bienes inmuebles públicos y cuestiones similares. Prácticamente hasta la intervención de la popular Elvira Velasco se habló muy poco de la propia Aesap. “¿Dónde queda la partida para la Agencia?”, se preguntó la diputada. Una cuestión nada superflua y que seguramente será parte del debate que seguirá en el tiempo. Velasco recordó que la creación de la Aesap era un compromiso electoral del PP, pero para hacerlo realidad, una vez que ya puede aspirar a tener forma jurídica, “debe ser un instrumento fuerte” y no convertirse “en un chiringuito más del Gobierno para colocar a amigos que pueden estar muy alejados del aval científico”.
Desde la bancada contraria, la diputada socialista, Carmen Martínez, ha optado por criticar al PP “sus cambios de posición con fines partidistas” en recuerdo a las dos veces que ha votado en contra de su creación, si bien ha coincidido en el sentido del nuevo organismo con la diputada popular: “Este es un nuevo avance para la sociedad española", ha señalado.
Finalmente Vox ha sido el único partido que ha mostrado un rechazo frontal a la creación de la Agencia. Rocío de Meer ha justificado la postura de su grupo en que la necesidad de que el organismo coordine a “17 reinos de taifas”, algo que a su juicio la nueva ley no va a conseguir.
Once años
Con todo, el planteamiento de fondo de lo que pretende esta norma es dotar a España de un organismo público que tenga la misión de coordinar las actuaciones en materia de salud pública en el Sistema Nacional de Salud y preparar a España para la llegada de otra pandemia.
El mecanismo normativo para su creación ha tardado en llegar más de once años desde que fuera prevista en la Ley de Salud Pública y algo más de dos desde que por primera vez el Gobierno de España presentara un proyecto de ley para su creación.
El tramitación de aquel proyecto quedó varada en el parón provocado por las elecciones generales de 2023 y fue ya en 2024 cuando el Ejecutivo salido de los pactos entre partidos relanzó el proyecto. A partir de ese momento y tras una tramitación parlamentaria complicada por fin ha visto la luz.
Ahora, el Gobierno tiene seis meses para aprobar el estatuto que regulará el funcionamiento de la Agencia, previsiblemente a través de Real Decreto y posteriormente deberá elegir su ubicación. Esta cuestión, que corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, no será fácil, ya que el organismo, afectado por el Decreto de Descentralización se ubicará fuera de Madrid y ya existen numerosas ciudades candidatas a ser la sede del mismo.
Lilisbeth Perestelo: 
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):