La implantación de prácticas seguras en el uso de medicamentos de alto riesgo en los hospitales españoles alcanza de media el 52,7%, según los resultados de un estudio nacional en el que participaron 82 centros sanitarios de 13 comunidades autónomas. El análisis pone de manifiesto una aplicación moderada de las medidas de seguridad recomendadas, con una elevada variabilidad entre hospitales, grupos terapéuticos y etapas del proceso de utilización del medicamento.
El trabajo evaluó el grado de implantación de las prácticas recogidas en el Cuestionario de Autoevaluación de la Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo, una herramienta adaptada a la práctica asistencial española a partir del modelo del Institute for Safe Medication Practices (ISMP) y financiada por el Ministerio de Sanidad. Los hospitales participantes cumplimentaron el cuestionario de forma voluntaria entre abril y junio de 2025.
Del total de hospitales incluidos, 77 eran públicos y 5 privados. La mayoría correspondían a hospitales generales (97,6%) y con actividad docente (98,8%). En conjunto, se analizaron centros de distinto tamaño, desde hospitales con menos de 200 camas hasta hospitales de gran complejidad con más de 499 camas, sin que se observaran diferencias significativas en la implantación global de prácticas seguras en función de este factor.
El cuestionario evaluó 186 ítems, algunos con varios componentes, que representan prácticas concretas destinadas a prevenir errores de medicación. Estas prácticas se agruparon en ocho apartados: uno de carácter general y siete específicos para distintos grupos de medicamentos de alto riesgo.
La puntuación media obtenida por el conjunto de hospitales fue de 760,1 puntos sobre un máximo posible de 1.442, con un rango que osciló entre 428 y 1.170 puntos. Este resultado refleja una implantación global moderada de las prácticas seguras, con diferencias notables entre centros.
El apartado de prácticas generales, aplicables a todos los medicamentos de alto riesgo, fue uno de los que obtuvo peores resultados, con un grado de implantación del 41,9%. Este bloque incluye medidas estructurales del sistema, como la definición de programas institucionales, la incorporación de tecnologías de seguridad, la formación de los profesionales o la educación a los pacientes.
Diferencias entre grupos terapéuticos
El análisis por grupos de medicamentos mostró una implantación muy desigual de las prácticas seguras. Los mejores resultados correspondieron a los antineoplásicos orales y parenterales, con un grado de implantación del 80,5%, seguidos de los bloqueantes neuromusculares, que alcanzaron el 64,7%. En estos grupos, el estudio constata una mayor concienciación sobre los riesgos y una aplicación más sistemática de barreras preventivas.
En una posición intermedia se situaron los anticoagulantes, con un 61,3%, y las insulinas subcutáneas e intravenosas, con un 54,8%, lo que indica avances en la gestión de su seguridad, aunque con numerosos aspectos aún pendientes de mejora.
Por debajo del 50% de implantación se encontraron los opioides (49,8%), el potasio intravenoso (35,6%) y el metotrexato para uso no oncológico (33,8%). En estos grupos se concentran las mayores oportunidades de intervención, al combinar un bajo nivel de implantación de prácticas seguras con un elevado potencial de daño en caso de error.
Fortalezas y debilidades del sistema
El análisis transversal de los resultados reveló que las prácticas más implantadas fueron las relacionadas con el almacenamiento de los medicamentos, la correcta expresión de nombres y dosis, así como la identificación y el seguimiento clínico de los tratamientos con medicamentos de alto riesgo.
Por el contrario, las prácticas menos desarrolladas se localizaron principalmente en dos ámbitos. Por un lado, la formación y competencia de los profesionales, donde la implantación de programas estructurados y el uso de metodologías prácticas resultaron muy limitados. Por otro, las intervenciones basadas en la automatización y la informatización, como la integración de alertas clínicas o la verificación mediante código de barras en los procesos de preparación, dispensación y administración, a pesar de que estas medidas presentan un mayor potencial para reducir errores de medicación.
En conjunto, el estudio ofrece una visión detallada del grado real de implantación de las prácticas seguras asociadas al uso de medicamentos de alto riesgo en los hospitales españoles y proporciona información de referencia para identificar áreas de mejora y monitorizar la evolución de los programas de seguridad a nivel local.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: