Extremadura: acuerdo para modificar el Decreto de guardias

El pasado jueves, 22 de junio, el Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, por 36 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones, la propuesta de impulso por la que el Grupo Parlamentario Podemos instaba a la Junta de Extremadura a modificar el Decreto 26/2015, de 24 de febrero, que regula los horarios de los servicios de urgencia de las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿El objetivo? Garantizar la accesibilidad a los medicamentos por parte de la población rural y, sobre todo, de las personas mayores en los horarios de guardia y durante los días festivos y fines de semana. La propuesta salió adelante tras aceptar Podemos una enmienda de sustitución del Grupo Socialista, que a su vez fue reformulada por Podemos con una enmienda transaccional que finalmente obtuvo el apoyo de socialistas y también por Ciudadanos.

Básicamente, la iniciativa de la formación morada contenía tres puntos fundamentales: reducir, por un lado, las distancias máximas de desplazamiento a las oficinas de farmacia de urgencias, fijadas en 45 kilómetros con el citado Decreto (artículo 2); reducir los tiempos máximos de desplazamientos a las oficinas de farmacia, actualmente en 40 minutos (artículo 10), y garantizar la asistencia farmacéutica de urgencias en las localidades que tienen un punto de atención continuada, independientemente del número poblacional.

Obed Arnaldo Santos, diputado de Podemos, insistió en la necesidad de reformar el decreto al existir "amplias zonas donde estos minutos, estos kilómetros no se cumplen". Citó a poblaciones como Cordovilla del Ácara o zonas como la Jara, "donde los ciudadanos tienen que viajar hasta farmacias que están en Toledo o Navalmoral, que está a 80 kilómetros". En estos casos, explicó, se estaría poniendo en peligro la vida de las personas que sufran, por ejemplo, un ataque de asma. Sobre la atención de urgencias, señaló que, "si hay un punto de atención continuada en el que se están dando servicios a nuestros ciudadanos lo lógico es que también tengan cobertura farmacéutica en estas situaciones". No obstante, se mostró de acuerdo con la propuesta socialista, que llamaba a establecer la posibilidad de que "en la zona básica se roten, como se hacía anteriormente, los turnos de guardia de las farmacias".

Por la parte del PSOE intervino Catalina Paredes, quien señaló que, tras haberse demostrado que en algunas situaciones el Decreto popular "no permite esa atención farmacéutica en los parámetros de igualdad y de equidad que persigue la Administración sanitaria, se hace necesario modificar los artículos 2 y 10 para permitir reducir las distancias máximas de desplazamiento a oficinas de urgencia y disminuir el tiempo empleado estableciendo unas nuevas isócronas de tiempo y distancia, no superando los 30 kilómetros y los 20 minutos". Una vez consensuada la posibilidad de rotar en las guardias, adelantó a Podemos que darían su apoyo en su la enmienda transaccional.

Por su parte, Victoria Domínguez, que representaba a Ciudadanos, se mostró de acuerdo con poner solución, a través de esta propuesta de impulso, a "los problemas se han detectado y que todos los conocemos, incluso por personas cercanas si es que no nos ha tocado hacer algún acercamiento a alguna farmacia de este tipo". Por eso, defendió la necesidad de reducir los parámetros de distancia, de tiempos de desplazamiento, y la necesidad de "adaptar el número de farmacias a los requerimiento de la población asegurando lógicamente la viabilidad de las mismas".

El Grupo Popular fue el único en abstenerse

El único Grupo que no apoyó la propuesta fue el Popular, que en palabras de su portavoz, José María Saponi, considera "tremendamente irresponsable pedirle a la Administración el cambio de un decreto con tan solo dos años de vigencia, fruto de un análisis exhaustivo de la situación de las necesidades de nuestra población y que contaba con el consenso de todas las partes implicadas". No obstante, reconoció que quizás podían mejorarse "los ratios de tiempo y de distancias", aunque, en su opinión, "habría que valorar qué gasto o cuál sería el coste de ello, y si con ello se garantiza esa conciliación en los derechos de los farmacéuticos".

Concretamente, en lo que respecta a las guardias en localidades con punto de atención continuada, se mostró de acuerdo con la máxima de que "allí donde haya una asistencia sanitaria debe haber una asistencia o una prestación farmacéutica", aunque opinó que, en ningún caso puede "ser un criterio absoluto, sino meramente indicativo, sin que lleve implícita la imposición de una sobrecarga asistencial hacia el titular de la farmacia".

Santos utilizó su turno de réplica para reprochar a Saponi que antepusiera "el beneficio frente al servicio". "Entiendo que este decreto ustedes lo trabajaron en su momento con el colegio de farmacéuticos, y defendieran en gran parte los intereses de este colectivo. Pero es que nosotros estamos aquí para defender los intereses del colectivo que componen los ciudadanos de esta región, y sobre todo en aquellos sitios donde no responden o no tienen los servicios que se necesitan", concluyó.