Martínez Olmos señala al consenso como la principal herramienta del éxito para afrontar la era postcovid

Acuerdo, pacto y consenso son tres de las palabras que más veces ha repetido José Martínez Olmos a lo largo de su comparecencia en el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Según el exsecretario general de Sanidad y ex portavoz de Sanidad del PSOE, en estos momentos es vital alcanzar acuerdos para que la respuesta a la crisis provocada por el covid-19 sea eficaz y sobre todo duradera.

Por ese motivo, Martínez Olmos volvió a poner encima de la mesa, como lo hizo en su etapa de senador, la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad. Un acuerdo en el que, más allá de las fuerzas políticas, participaran los gobiernos central y autonómicos, además de “los profesionales, los pacientes y las empresas y organizaciones que aportan innovación y desarrollo a la sanidad”.

El exsecretario general de Sanidad consideró necesario avanzar en un consenso como el Pacto de Toledo de las pensiones, que marca los mínimos básicos del acuerdo, aunque deja grados de libertad al gobierno para buscar la forma de mantener la esencia del sistema.

En el marco de este pacto es donde Martínez Olmos fija también la actuación coordinada y leal de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). “Trabajar con un acuerdo amplio político sobre lo que hay que hacer permitirá una más fácil gestión del CISNS”, aseguró. Una manera de trabajar, según él, más adecuada que regular la vinculación de las decisiones del organismo ya que, como señaló tiene la convicción de “la idoneidad del actual modelo de Sistema Nacional de Salud descentralizado”.

Acciones necesarias

A lo largo de su exposición, el actualmente profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), desarrolló una serie acciones para asegurar una buena respuesta a los retos planteados por la epidemia. Su puesta en marcha, según indicó requiere de “coordinación y consenso político y técnico”, por lo que recomendó “la creación de un Comité de Expertos para asesorar a las administraciones sanitarias en todos estos asuntos en el órgano competente una vez decaiga el estado de alarma: el Consejo Interterritorial del SNS”.

Entre los aspectos que Martínez Olmos relató, se encuentra la definición de “un adecuado y eficaz sistema de vigilancia epidemiológica que permita monitorizar la evolución de la pandemia en los niveles central y autonómico y anticipar las medidas preventivas o responder con las medidas paliativas necesarias”.  Por otro lado, reclamó establecer una reserva estratégica de materiales de protección y de los equipamientos médicos necesarios para afrontar una eventual reactivación de la actual pandemia en los próximos meses. Además, señaló que es necesario establecer “procedimientos de prevención y de control de la protección a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad” y analizar estrategias preventivas para colectivos de riesgo frente a la epidemia de gripe común.

En otro ámbito de asuntos también consideró necesario “elaborar estrategias para la recuperación de los tiempos de espera en las actividades programadas afectadas por la pandemia” y definir “tiempos máximos de espera”, cuya calidad y equidad se pudieran asegurar en colaboración con la sanidad privada. A este respecto, consideró necesario “promover un marco estable de colaboración entre el sector público y el privado”. Para ello, se debe “recuperar la confianza mutuamente, con transparencia y haciendo realidad el principio de complementariedad establecido en la Ley General de Sanidad”.

Por último, este experto también explicó que sería necesario “elaborar una estrategia coordinada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud para la eventual adquisición y aplicación de las dosis necesarias de vacuna frente a la Covid-19 para que, en caso de disponer de vacuna eficaz, los ciudadanos españoles puedan beneficiarse de la protección vacuna”.

Para que todo esto sea posible, según Martínez Olmos, es “necesario el consenso político” ya que hay que “hacer factibles las reformas necesarias que deben tener un horizonte temporal de medio y largo plazo en el marco de una nueva planificación estratégica para los próximos 20 años que actualice los objetivos del sistema sanitario público a las nuevas necesidades de la sociedad española”.

Según él, se trata de acciones a desarrollar en los próximos años tienen que “orientarse todas ellas a asegurar la protección de la salud con equidad, con los más altos estándares de calidad, con adecuados niveles de coordinación y con garantías de eficiencia en el uso de los recursos públicos y de sostenibilidad de las cuentas públicas”.

Financiación y recursos humanos

El ex portavoz de Sanidad del PSOE analizó cuestiones como la financiación de la Sanidad o aspectos del ámbito profesional. Con respecto a la primera de ellas, consideró necesario plantear cambios relacionados con la gobernanza como dotar al sistema sanitario de un “potente fondo de cohesión” que valoró en el 2% del presupuesto sanitario total, es decir, unos 1.500 millones de euros. Este fondo sería coordinado por el CISNS. Además, recomendó un fondo de compensación entre comunidades autónomas y otro para la co-inversión, de manera que se pueda colaborar “entre las diferentes administraciones en asuntos de interés común como pueden ser nuevos tratamientos que cumplan determinados criterios (innovaciones muy disruptivas, medicamentos huérfanos), nuevos equipamientos, avances en digitalización, estrategias de formación para la calidad y otras que se consideren necesarias”.

El objetivo, según explicó es que “la nueva financiación del SNS fuera capaz de superar la tradicional insuficiencia presupuestaria y las tradicionales diferencias interterritoriales”.

En cuanto a los profesionales, se mostró favorable a mejorar sus condiciones tanto salariales como laborales. A este respecto, reclamó “eliminar las guardias de 24 horas comenzando al menos por la atención en los servicios de urgencias” y pidió considerar “la necesidad de una paga específica por la atención a la Covid-19”. Más allá, explicó que es necesario “la incorporación de componentes variables que reconozcan la contribución en los objetivos de salud, el desarrollo de una verdadera carrera profesional, una carrera investigadora o los elementos comunes que permitan asegurar que se acaba con la precariedad laboral y la estabilidad de las plantillas”.

Con respecto a los farmacéuticos comunitarios, también señaló que es “esencial” avanzar en la “la incorporación efectiva de la farmacia comunitaria y los profesionales farmacéuticos como parte de la atención primaria para el apoyo y la colaboración con el resto de profesionales de este nivel asistencial en todas las actividades relativas al uso racional de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia a los tratamientos y otros programas de salud en los que el trabajo en equipo puede ampliar y potenciar el alcance de sus objetivos”. Igualmente, reclamó la “la potenciación de la profesión enfermera” y, consideró necesario “abordar con prioridad la ampliación de competencias de las enfermeras y enfermeros en el SNS”. Todas estas acciones las integró dentro de un apartado dedicado a la necesidad de avanzar hacia la “prevención, hacia la cronicidad y hacia la coordinación sociosanitaria”, así como la redefinición de la Atención Primaria.