Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández Fernández; Aragón, Francisco Javier Lambán Montañés, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, han firmado una declaración institucional, derivada de una reunión mantenida el pasado día 19 de febrero en León, para transmitir al Gobierno la necesidad de abordar "de forma inmediata la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, para, de este modo, poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades autónomas".
Concretamente, consideran que el nuevo modelo de financiación deberá servir para "garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea". Además, entienden que el nuevo modelo debe ser fruto "del consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas".
Asimismo, reclaman "la corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, dotando al sistema de mayores recursos, la potenciación del principio de suficiencia, para garantizar que las autonomías pueden financiar "el total de los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro, vinculando los recursos que atribuye el sistema de financiación "a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado".
Por último, estiman la necesidad de incorporar "la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma".
Evaluación de las necesidades sanitarias
Los firmantes consideran que es precisa una evaluación especial del déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto. En este sentido, llaman a ponderarlo "en función de su peso actual en el gasto real de las CCAA", dotándolo de financiación por grupos de edad, para lo que proponen la creación de nuevos tramos a partir de 65 años (mayores de 85, concretamente). No obstante, llaman a la revisión periódica para garantizar la suficiencia del gasto sanitario.
También proponen la evaluación diferenciada de las necesidades en materia de Dependencia, ámbito en el que, señalan, "la financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originariamente en la Ley".
Por otro lado, han solicitado la plena efectividad del principio "de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios, debiendo éstas ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse". Para ello, consideran necesaria "la evaluación, en el marco del principio de lealtad institucional previsto en el
actual sistema, de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos
y gastos autonómicos".
Finalmente, apelan a la "redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden, y que las comunidades autónomas, en el ejercicio de su autonomía
financiera, asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean
consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa". También claman por la "potenciación de las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto", y por la revisión "de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez bajo las premisas de que las diferencias entre comunidades en el volumen de deuda acumulada no se corresponden con una eventual mejor o peor financiación relativa asignada por el actual sistema y que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato".
: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: