La decisión del Gobierno de España de recurrir ante el Constitucional la ley de salud gallega que abre la puerta la vacunación obligatoria ha sido cuestionada por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, que considera la norma plenamente adaptada a la Constitución española.
El Gobierno de España propone la suspensión cautelar de varios artículos de la ley que recientemente aprobó el parlamento autonómico, ya que considera que vulnera derechos fundamentales. Según explicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros, la norma puede afectar a la restricción de derechos fundamentales, algo que “sólo es posible a través de la legislación estatal”.
Según explicó la ministra, el Gobierno central ya había elevado una consulta sobre a ley de Salud de Galicia 8/2021 al Consejo de Estado ya que abría la posibilidad a obligar a la vacunación en determinadas situaciones epidemiológicas.
Esta situación ya fue en su tiempo valorada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quién mostró sus dudas con respecto a la ley, si bien indicó que el Gobierno de España esperaría a tomar cualquier decisión a que la norma fuera pública.
El Ejecutivo español considera que la ley puede entrar en conflicto con la Constitución Española al suponer una limitación de derechos fundamentales, que solamente se pueden limitar a través de una Ley Orgánica, cuya elaboración corresponde al Estado.
Los artículos cuestionados, sobre los que el Gobierno propone una suspensión cautelar, son el artículo 5 de la ley gallega establece entre medidas preventivas en salud pública incluida la vacunación y los apartados 12, 13, 14 y 15, que recogen el régimen de infracciones y sancionador asociado a las conductas reguladas.
Igualmente, el Gobierno considera que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula el estado de alarma, ya que durante su vigencia las comunidades autónomas ostentan atribuciones y no las facultades correspondientes a la gestión ordinaria.
La ley, además, según el Gobierno, es contraria a la Estrategia de Vacunación aprobada el por el Consejo Interterritorial y que es de obligado cumplimiento. En dicho documento se recoge que la vacunación será voluntaria.
En la Xunta de Galicia, ven la situación de otro modo. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo ha criticado a través de las redes sociales que el Gobierno central tomó este acuerdo, sin ningún tipo de diálogo previo: "Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las comunidades y recurre la Ley gallega de salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta. Vaya idea de cogobernanza", ha criticado en Twitter el presidente gallego.
El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha confirmado que el recurso lo ha conocido el Ejecutivo gallego “a través de los medios”.
Comesaña asegura que la norma “no va contra nadie” y defiende plenamente una ley que considera “necesaria”, además de recordar que desde Galicia en varias ocasiones se ha pedido la reforma de la ley de salud para poder legislar en situaciones de emergencia y pandemia.
La Xunta comparte el criterio de que sólo a través de una ley orgánica se puede obligar a vacunar y por ello, Núñez Feijóo ya explicó que la ley gallega serviría para marcar un proceder en el caso de que esta cuestión fuera legislada y regulada a nivel estatal.
El presidente gallego invitó, cuando la norma fue aprobada, a “hacer una lectura correcta del texto” y aseguró que su redacción no infringe ninguna norma de rango nacional.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: