La convalidación del real decreto-ley que establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores en el Congreso ha sido de nuevo materia de debate en la reunión del Consejo Interterritorial celebrado este miércoles.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado en su intervención ante los medios las mismas palabras que el martes trasladara a los diputados, a la hora de fijar la postura del Gobierno, asegurando que dicha obligatoriedad “es temporal” y que la medida “está más cerca de modularse” ante una tendencia de la pandemia en una línea descendente.
Igualmente ha recodado que la medida se acordó en la Conferencia de presidentes y fue ratificada por el Consejo de Ministros. Lo que no ha aventurado la ministra de Sanidad es una posible fecha de eliminación de esta restricción, o los criterios que podrían hacer que la medida decayera, de la misma manera que ocurre en el resto de países europeos.
Pese al pretendido consenso sobre su uso con las CC.AA. lo cierto es que estas permanecen dividas. A través de redes sociales o de declaraciones a los medios de comunicación diferentes líderes autonómicos han manifestado su rechazo a esta medida, por considerar fundamentalmente que "carece de respaldo científico". Es el caso de Madrid, Cataluña, Castilla y León, o Galicia. Por el contrario, en otras como Valencia, Cantabria, Andalucía y País Vasco, consideran que la obligatoriedad debe mantenerse, puesto que su ejemplo ayuda a evitar la extensión del virus. Otras, como Castilla-La Mancha, considera que la Comisión de Salud Pública debe pronunciarse sobre este tema.
Buena evolución
La división de opiniones políticas viene a estar relacionada con la evolución de la propia pandemia, sobre la que la ministra ha indicado que “está en el camino adecuado”, y aunque “tenemos incidencias altas, el pico de la sexta ola está doblegado”.
Según los datos ofrecidos por la ministra, en las tres últimas semanas se ha pasado de una incidencia acumulada de 3.400 casos por 100.000 habitantes a los 2.564 casos que reflejaba la estadística este miércoles.
El descenso se produce en todos los grupos de edad y la gravedad de los efectos en menor en términos de mortalidad y hospitalización.
Vacunación
Por otro lado, el CI ha acordado en la reunión de este miércoles, la creación de un registro nacional de vacunas con la información de las vacunas aprobadas en todas las CC.AA.
Según ha explicado la secretaria de Estado Silvia Calzón, el objetivo es “crear un sistema integrado” que permita la gestión y evaluación de todos los programas de vacunación, así como de las vacunaciones que se administran y validan en todas las CC.AA.
La medida se toma en un momento de “oportunidad coyuntural” después del trabajo ya desarrollado en el registro de vacunaciones frente al covid (Regvacu). A través de este sistema, según explica Calzón, el sistema “puede suponer una mejora potencial de cara al futuro, de manera que cuando un ciudadano se mueva de su comunidad se puedan consultar las vacunas que ha recibido”.
Calzón ha reconocido que “existe un desarrollo asimétrico” de las vacunaciones en España y es preciso realizar un análisis de la situación. En este sentido, la secretaria de Estado ha anunciado que se realizará entre 2022 y 2023 para su puesta en marcha.
Hipra
Durante su intervención, la ministra también ha indicado que “el Gobierno tiene todas las esperanzas” y “nuestro mejores deseos”, en el desarrollo de la vacuna frente al covid de Hipra, cuyo ensayo clínico en fase 3 fue autorizado ayer por la Aemps.
Para Carloina Darias, la autorización supone una “noticia tremendamente satisfactoria”, una vez que los anteriores estudios han acreditado la eficacia de esta vacuna en término de generación de anticuerpos neutralizantes”.
La aprobación de la Aemps es el paso previo para presentar una solicitud de autorización ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su uso en la Unión Europea. Hipra ha recibido una ayuda de casi 15 millones de euros para la financiación de la fase IIb/III de a vacuna.