El Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia ha dado este martes luz verde a la modificación de la Ley de Salud de la comunidad, que supone en la práctica la puesta en marcha de nuevas medidas para reforzar la protección de los trabajadores de la sanidad ante cualquier agresión. "La Xunta tendrá tolerancia cero con las conductas violentas que pongan en riesgo la integridad del personal en los centros sanitarios", ha asegurado Alfonso Rueda, presidente de la comunidad.
Como respuesta a nuevas formas de violencia, Rueda resaltó que la futura ley incluirá la violencia digital ejercida por pacientes, familiares o acompañantes contra profesionales de la sanidad, además de la violencia física y verbal. El concepto se extiende para aplicarse a agresiones fuera de los recintos sanitarios con ocasión de las funciones de sus profesionales y no solo durante su propio ejercicio.
En este sentido, el consejero Antonio Gómez Caamaño ha indicado que el proyecto de ley "regula las grabaciones sin consentimiento en consultas", una práctica que se considerará "una quiebra de la confianza y que puede llevar a que el profesional suspenda la asistencia", dejando constancia de eso en la historia clínica, quedando garantizada, en todo caso, la atención sanitaria del usuario.
Además Galicia se convertirá en la primera comunidad en considerar sanciones por agredir técnicos de emergencias o del 061 y, de hecho, la definición de profesional de ámbito sanitario también se amplía a personal con otras funciones como la inspección de servicios sanitarios o personal de las áreas de admisión y administración de los centros sanitarios.
La reforma de la Ley de salud incluye la modificación del capítulo de infracciones y sanciones para dar un tratamiento específico y distinto para las agresiones y demás actitudes violentas, de manera que se individualicen, tipifiquen y sancionen de manera individualizada y singularizada de acuerdo con su gravedad.
Otra de las novedades, tal y como explicó el conselleiro, es que en los supuestos de infracción grave o muy grave cometida en el ámbito del Sistema público de salud de Galicia, podrán acordarse sanciones accesorias como la asignación a la persona infractora de otro profesional sanitario distinto y/o su adscripción a un centro sanitario distinto de la misma localidad, por un plazo no superior a cinco años.
En el mismo sentido, el Servizo Galego de Saúde prestará apoyo psicológico al personal agredido de la sanidad pública. Cuando así lo precise, la Asesoría Jurídica de la Xunta facilitará asesoramiento legal sobre las acciones y denuncias que quepa interponer.
Para evaluar la situación, se crea el Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, en el cual se inscribirán todos los actos de violencia que resultaran sancionados.
El texto será ahora remitido al Parlamento para su tramitación y aprobación parlamentaria y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: