La Orden de Precios de Referencia (OPR) se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los meses de junio o julio, “al 90-95% de probabilidades”, según el jefe del área de asuntos jurídicos de la dirección general de Cartera Básica de Servicios del SNS del Ministerio de Sanidad, Dionisio Docasar. Por el contrario, este experto considera que no es probable que el Real Decreto de Financiación y Precio vea la luz.
Según Docasar, el RD de financiación ni siquiera se habría enviado al Consejo de Estado, como hace unos meses se publicó. Lo que sí está hecho es el informe de alegaciones pero tal y como indicó “el siguiente paso es mandar al Consejo de Estado y si yo estuviera en el Consejo de Estado me sentaría muy mal” que enviaran un texto que no se va a aprobar. Porque Docasar se preguntó por las posibilidades que hay de que un gobierno en funciones lo apruebe. Según él, “no sería adecuado ni oportuno” ya que se trata de un “asunto de calado y no es urgente”. Caso diferente es la OPR ya que “es un acto administrativo, no tiene carácter dispositivo y no depende de que haya un gobierno en funciones”.
Este especialista realizó un repaso por las modificaciones legales que se han producido a lo largo de la legislatura y destacó la necesidad de realizar el Texto Refundido de la Ley de Garantías por las nueve modificaciones que tuvo esta norma desde 2010.
Además, señaló la necesidad de incrementar la seguridad jurídica en la regulación legal farmacéutica. Según explicó hay numerosas denominaciones con las que “es difícil trabajar y así no hay seguridad jurídica”. Como ejemplo puso todos los tipos de precios que hay (de referencia, seleccionado,menor, notificado, PVL, PVP, más bajo…). También destacó que en el ámbito de financiación y fijación de precios la normativa incorporar unos conceptos de financiación que “son un compendio de conceptos jurídicos indeterminados”.
Docasar estuvo acompañado del abogado especialista en derecho farmacéutico, Juan Suárez, del despacho Faus Moliner. Suárez también repasó algunos de los cambios que se han producido en materia de financiación y fijación de precio en los últimos años. “Del escandallo se ha pasado a las referencias internacionales , los techos de gasto, descuentos, acuerdos de riesgo compartido, o más bien pagos vinculados a resultados”, explicó.
En este sentido, reclamó de los legisladores “finura” a la hora de elaborar los textos legales. “Conviene que el legislador sea cuidadoso con las palabras que elige”, explicó, puesto que puede generar inseguridad.
Además reiteró en varias ocasiones que uno de los principales problemas existentes en la regulación farmacéutica es la falta de respeto a las competencias de las diferentes administraciones, especialmente la central, y la falta de cumplimiento de la normativa vigentes. Según explicó se han blindado reiteradamente las competencias del Ministerio de Sanidad en diferentes ámbitos, pero la realidad es que “sigue habiendo subastas, algoritmos o equivalentes”, indicó. “No tenemos un problema normativo. el problema es que la ley no se está aplicando”, aseguró.
Además, indicó que echaba en falta “una mayor actuación de los tribunales de justicia, que han mostrado resistencia a entrar en el fondo de la cuestión” y en muchos casos se han limitado a anular normas por defectos de forma, pero sin profundizar.
