Un paso más para disponer del régimen que sancionará a las empresas morosas

Representantes políticos de máximo nivel, portavoces de economía de los grupos parlamentarios del Congreso y asociaciones empresariales se reunieron el 20 de abril en el CaixaForum de Madrid en la IV Cumbre Político-Empresarial, organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) con el propósito de arrancar un compromiso político para la implantación de medidas que obliguen a las empresas a pagar a sus proveedores según los plazos establecidos por la ley.

Y este objetivo fue alcanzado, si se atiende a las intervenciones de todos los participantes de las distintas agrupaciones políticas, que expresaron su apoyo a las reclamaciones de la Plataforma, entre las que destaca la creación de un observatorio de la morosidad y la implantación de un régimen sancionador.

Este tipo de medidas han sido incluidas en los diferentes programas electorales de los partidos políticos, incluso es uno de los puntos del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, en cuyo punto 34 se afirma que se aprobará “la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas”. Así mismo, el pasado 3 de abril, fue aprobada por unanimidad en el Congreso, a iniciativa de Ciudadanos, una proposición no de ley que, además, incorpora incentivos para las empresas que cumplan con los plazos legales de pago.

Sin embargo, la PMcM se queja de que aún no se han materializado estas promesas políticas en torno a la morosidad, e insta al Gobierno a agilizar el proceso para disponer de ellas. En este sentido, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, afirmó durante la Cumbre compartir las reivindicaciones de la PMcM en cuanto a la urgencia de disponer de un régimen sancionador y un observatorio de la morosidad. “Las pequeñas y medianas empresas no pueden esperar más”, subrayó. Por este motivo, se comprometió a pedir al Gobierno que ponga en marcha las medidas acordadas el en punto 34 del pacto de investidura y señaló que, en caso de no llevarlas a cabo, Ciudadanos tiene preparado un texto de borrador de ley para presentarlo en el mes de junio en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el secretario general de Podemos Unidos, Pablo Iglesias, expresó también su firme apoyo a la lucha contra la morosidad, y aseguró que, si no se dispone aún de un régimen sancionador, es porque lo que su partido denomina “la trama” se ha negado a hacerlo, y destacó que, aunque exista un acuerdo unánime sobre la implantación de esta medida, el Gobierno tiene mecanismos para paralizarla.

El portavoz de la Comisión de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Juan Bravo, admitió que queda mucho por hacer para conseguir que las empresas paguen según los plazos establecidos por la ley, y afirmó recoger el guante lanzado por la Plataforma. Para su presidente, Antoni Cañete, “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”, apuntó.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, creada en 2008, agrupa a asociaciones patronales que representan a cerca de un millón de empresas, con una cifra de negocio cercada a los 150.000 millones de euros. Entre sus logros, se encuentra haber impulsado una modificación de la Ley contra la Morosidad para que el plazo máximo de pago que se pudiera acordar por las partes en un contrato no supere, en ningún caso, los 60 días naturales; así como contribuir a que el Gobierno pusiera en marcha planes de pago a proveedores. Esta organización también se implicó activamente en la recuperación de los pagos de las oficinas de farmacia, centrándose en la denuncia, ante la Comisión Europea, de las condiciones abusivas que impuso el Gobierno a los proveedores que, como las farmacias, se acogieron al Plan de Plago en 2012 para poder cobrar la facturas impagadas.