Mónica García coge el testigo de José Miñones, el cuarto y último ministro de la legislatura que ahora termina, con la intención de aportar “un marcado perfil político”, según les ha demandado el presidente Sánchez a todo su Consejo de Ministros.
La colaboración público-privada, a la vista de su anterior trayectoria política, figura entre las primeras prioridades de la nueva ministra a la que además se le acumulan una importante cantidad de asuntos pendientes que no se han terminado de cerrar en la pasada legislatura y que se acumulan a los nuevos, con los que se empieza el nuevo curso político.
Sobre la colaboración público-privada, la postura de la nueva ministra es de sobra conocida a través de su trayectoria política en Más Madrid y en el ámbito político de la izquierda. Su radical oposición a los conciertos se combina también con otro elemento como es la eliminación de las actuales mutuas y la inclusión de los funcionarios dentro de la sanidad pública que tienen el resto de los ciudadanos. La decisión, tomada en el acuerdo PSOE-Sumar, de abrazar la Ley de Equidad, que lleva dos años dormida en el Congreso de los Diputados, será una de las primeras piedras de toque de la nueva ministra.
Cabe reseñar también el papel de García frente a la política farmacéutica. Las declaraciones y compromisos que la nueva ministra ha señalado en torno al acceso de medicamentos, donde tradicionalmente ha demandado iniciar políticas de peso para acelerar su incorporación. Cabe recordar que desde su partido se ha defendido la creación de una empresa/laboratorio de carácter público para la producción de medicamentos e innovación. La nueva ministra tiene ahora un mandado completo, en principio, para ponerla en práctica.
Igualmente, cabe esperar que en esta próxima legislatura vea por fin la luz la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, así como en un ámbito más amplio, probablemente toque también aplicar aquello que pueda derivar de la nueva legislación farmacéutica. La postura que ha mantenido el entorno de la izquierda sobre estas cuestiones hace imprevisible la postura que adopte el nuevo Gobierno y este Ministerio.
Otros temas pendientes son también el desarrollo de los recursos humanos. Mónica García, tiene ahora una oportunidad para poner en marcha lo que ha venido predicando en la Asamblea de Madrid. Dentro de este campo queda pendiente ver la evolución de las jubilaciones de los profesionales sanitarios, y la Formación Sanitaria Especializada. En este ámbito tendrá que lidiar con las CCAA, la mayoría de ellas en manos del Partido Popular, que critican la elusión constante que el Ministerio ha realizado a lo largo de toda la pasada legislatura de la ampliación de plazas. La atención primaria, la salud mental, la atención a la cronicidad, las listas de espera, son cuestiones que también afectan a la cartera pendiente de la nueva ministra, que además deberá asumir un reto muy complicado como son las relaciones con las comunidades que están gobernadas por sus socios nacionalistas.
El delicado equilibrio al que lleva la delicada madeja de acuerdos que han gestado este Gobierno obliga también a plantear las posibles diferencias de trato preferencial que las comunidades gobernadas por los partidos nacionalistas puedan tener frente al resto. Es evidente que la firma de los acuerdos de investidura ha marcado ya una diferencia entre las CCAA. Queda por ver cómo se podría traducir al plano sanitario y sobre todo queda por ver la respuesta que van a tener el resto de territorios.
Nicolas Gonzalez Casares: