Tras la jornada sorpresiva -y bronca- que este jueves ha vivido el pleno del Congreso de los Diputados, siempre quedará la duda de si la Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) ha sido tumbada en la Cámara Baja por su contenido mismo; por castigar al Gobierno al negarse a aplazar la votación de una norma que no tenía nada que ver en contenido y formas, como es la ley de desperdicio alimentario; o por las formas mostradas por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la intervención que debería haber sido el agradecimiento al pleno por aprobar una necesaria ley. Fuentes del PP aseguran a este periódico que el cambio de sentido del voto afirmativo anunciado se produjo durante la intervención de la ministra, al cierre del debate.
De este modo, el resultado de la votación, un rechazo por parte del Partido Popular, Vox y Junts, ha retrotraído los esfuerzos por la creación de este órgano coordinador al punto inicial; es decir, a la redacción de un nuevo proyecto de ley por parte del Gobierno o bien a una iniciativa parlamentaria que vuelva a poner en marcha el proyecto.
Previamente al inesperado desenlace, que evidencia una vez más la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno en el Parlamento, el dictamen de la Comisión de Sanidad para sacar adelante la nueva norma ya había evidenciado fracturas internas a medida que se iban superando las 96 enmiendas con que contaba el proyecto desde que fue llevado por el Gobierno al Parlamento para su debate definitivo. Todo ello, a pesar de contar con el apoyo de todos los grupos (menos Vox).
En el pleno desarrollado este jueves, a la previsiblemente dura intervención del portavoz de Vox, David García Gómis, atacando la utilidad de la Aesap y, especialmente, la posible elección de Fernando Simón como su director, se le sumó el discurso de María del Mar Vázquez, portavoz del PP. Vázquez denunció desde la tribuna de oradores muchos de los déficits de la propuesta legislativa, especialmente en materia de “financiación”, así como la ausencia de “garantías de independencia”. Según ella, “con un gran riesgo de servir solo para el control político y la propaganda”. “¿De verdad alguien cree que Pedro Sánchez va a renunciar al control de un organismo como este?”, se preguntó, asegurando que su creación responde más a una “estrategia de imagen” que a una necesidad real. En este sentido, afeó el apropiamiento de la izquierda con esta cuestión: “la salud pública no les pertenece, sino que es de todos los ciudadanos y el PP estará para defender la misma”.
Vázquez también planteó las dudas acerca de la dotación de la Aesap sin que haya unos Presupuestos Generales del Estado en 2025. Una cuestión sumamente relevante si se quiere abordar en profundidad los ejes para los que ha sido creada. Igualmente, el control que sobre la misma se puede hacer desde el Ministerio tampoco queda nada claro en el texto del dictamen. Este argumento ha servido a la diputada del PP para cargar, igual que Vox, contra las presuntas aspiraciones que la semana pasada expresó el actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, presente este jueves en la Cámara y blanco de todas las críticas. Vázquez ha recordado algunos de los errores y cambios de opinión de Simón a lo largo de la pandemia.
“Nuestra postura es muy crítica, pero trataremos de mejorar el texto en el Senado y, si finalmente resulta aprobada esta ley, vigilaremos y denunciaremos todos los intentos de atentar contra la independencia científica”, señaló la portavoz popular, dando por hecho que la tramitación parlamentaria seguiría adelante.
Vázquez también explicó que “el Partido Popular trabajó en la legislatura pasada para que esta agencia viera la luz, pero lo que el Gobierno propone ahora no es un organismo autónomo, sino un departamento más del Ministerio de Sanidad”, criticó. En su discurso, la diputada también recordó la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo y cuestionó su compromiso con la transparencia y la ciencia. “Si la agencia hubiera estado operativa en 2020 con el modelo del PP, no se habrían tomado decisiones sin rigor científico ni se habría permitido la instrumentalización política de la crisis sanitaria”, afirmó.
Vox ampliaba esta valoración, siguiendo la línea mostrada en debates previos: “La Agencia nace sin poder decidir nada, ya que no tiene competencias por encima de los poderes autonómicos”, señaló García Gomis. A juicio de la formación conservadora, esta cuestión ya tira por tierra el primero de los principios con los que nació la creación de este organismo al amparo de la Ley General de Salud Pública en 2011: servir de órgano coordinador.
Pese al tono de Vázquez y García Gomis, desde Sumar, Rafael Cofiño se mostraba convencido de que el acuerdo era inamovible y, dirigiéndose al público profesional presente en la tribuna de invitados del Congreso, explicaba que la bronca vivida era parte del guion político. Igualmente, la propia ministra, a lo largo de su intervención, dio por aprobada la ley sin darse cuenta de que los apoyos que había cosechado se retiraban.
Intervención de Mónica García
La intervención de Mónica García, en un turno de intervención que habitualmente utiliza el ministro del área de competencias de la ley a aprobar para agradecer los apoyos y destacar la importancia de la nueva norma, asombró al Partido Popular. Lejos de agradecer el apoyo a un relevante texto legislativo, García se entrometió en la disputa que el portavoz del PP, Miguel Tellado, mantenía con el presidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acerca de una modificación del orden del día. García acusó al PP de querer “hurtar la palabra y los debates democráticos”. Además, tildó a los populares de “negacionistas de la democracia” y “odiadores” y de tener un “interés antidemocrático latente y permanente”.
No faltaron tampoco las referencias a Isabel Díaz Ayuso y a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, ni a los 7291 ancianos fallecidos o a la pareja de la presidenta madrileña.
Solo en la parte final de su intervención, García valoró el alcance que debería haber tenido la ley que “hace un poco menos invisible a la Salud Pública”. Aprovechó también para alejar algunos de los debates que han estado presentes durante su tramitación: “Esta ley no invade competencias porque las amenazas de salud pública no entienden ni de fronteras ni de competencias, y solo coordinados y cohesionados podremos hacerle frente”.
Por todo ello, dio “mil veces gracias” a todos los que la iban a hacer posible. “Hoy, cinco años después del inicio de la pandemia, podemos decir sin lugar a dudas que España está mejor preparada que en el 2020. Hemos fortalecido nuestra capacidad de respuesta sanitaria con una atención primaria más robusta. Tenemos una reserva estratégica que garantiza que no volveremos a enfrentar una crisis sin recursos suficientes. Y hemos avanzado en la red de vigilancia de salud pública”. Todo esto, quedó en nada minutos más tarde.