El presidente del COF de Madrid, Luis González, ha remitido una serie de cartas a diversos actores del sector con el objetivo de aunar esfuerzos para buscar una solución que permita eliminar los impactos que los reales decreto-ley 5/2000 y 8/2010 están causando en la farmacia comunitaria.
González ha remitido una misiva al consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que ha hecho acuse de recibo y ha anunciado que llevará el asunto al Consejo Interterritorial; al secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza; al presiente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar; a los presidentes de distintas distribuidoras como Alliance Healthcare, César Martínez; Bidafarma, Antonio Mingorance; Grupo Bidafarma, Antonio Pérez Ostos; Cofares, Carlos González Bosch; Hefame, Carlos Coves; el presidente de Adefarma, Cristobal López de la Manzanara; al presidente de FEFE; José Luis Rodríguez Dacal; al presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo.
En las distintas cartas, el presidente del COFM informa del acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente del colegio el pasado 5 de junio. Un acuerdo que reclama "iniciar cuantas acciones sean necesarias acometer, encaminadas a corregir los efectos económicos en la Oficina de Farmacia de los RDL 1193/2011 y 8/2010, sobre Deducciones a las oficinas de Farmacia en función al volumen de ventas al SNS’.
A Sánchez Martos, el presidente del COFM le explica que “estas medidas ‘urgentes y extraordinarias’ fueron tomadas como consecuencia de una situación económica que no es la que hoy se da”. Por ello, le solicita que, si fuera posible, incluyera tratar este asunto en el Consejo Interterritorial, que se celebra este 21 de junio. Además, le reclama una respuesta a la carta por escrito con el objetivo de ser leída en la próxima Asamblea General que se celebrará el 27 de junio.
Por su parte, el escrito dirigido a Castrodeza destaca que los farmacéuticos no pusieron “ningún reparo” a las medidas urgentes que dieron lugar a los reales decreto-ley ya que entendían que “había que preservar la sostenibilidad del sistema sanitario y, en concreto, la prestación farmacéutica”. No obstante, González explica al secretario general de Sanidad que “las situaciones cambian y por ello nos parece oportuno que se abra un debate, una reflexión que además comparte nuestro Consejero, sobre el alcance y la necesidad hoy de mantener o no en el tiempo los RD ya mencionados”.
En el escrito dirigido a Jesús Aguilar, González expone la necesidad de “aunar esfuerzos para intentar devolver a la farmacia la estabilidad” y recuerda otras medidas de intervención que han afectado a la farmacia y que tienen carácter estructural “como son los genéricos, los precios de referencia, la salida de medicamentos a los hospitales, la escasa producción de nuevos medicamentos de innovación que se queden en la farmacia y una planificación farmacéutica que hace muy dificultosa la rentabilidad mínima de la oficina de farmacia”.
En los escritos dirigidos a los presidentes de las distribuidoras, González detalla el impacto que tienen los dos reales decreto sobre las oficinas de farmacia de Madrid: 52 millones de euros en 2016. Además, recuerda también el cambio de situación económica existente en la actualidad con respecto a cuando se distaron las normas ahora cuestionadas, remarcando la condición de “colaboración temporal” de las mismas, y asegura que los farmacéuticos llevan “diecisiete años contribuyendo de forma especial a contener dicho gasto y no sólo a través de estas deducciones "atípicas" sino de otras medidas de carácter también estructural que intervienen directamente en nuestros márgenes”.
González asegura que “el objetivo de los farmacéuticos de Madrid, que entiendo es el mismo del conjunto de los farmacéuticos españoles, no es otro que se acabe con los decretos de deducciones y que tenga un fin consensuado, y a partir de ahí, un futuro estable para la farmacia, a pesar de las cargas que padece por medidas económicas y poblacionales que distorsionan la estructura económica”.
La misiva enviada a las patronales FEFE, Adefarma y Farmaindustria, también explica que las aportaciones del sector “no debe entenderse como una financiación al Sistema” sino como una medida de contención del gasto público y extraordinaria para la reducción del déficit. En estas cartas también detalla los impactos del RDL 8/20120, que suponen una deducción del 7,5% que impacta en industria (5%), distribución (0,5%) y oficina de farmacia (2%).
: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad:
Creo que debemos de fomentar la información de lo que pasa para poder aunar esfuerzo y criterios.
Me parece que hay mucha desinformación entre los mandos y la tropa...siendo estos últimos los boticarios que nos enfrentamos con la realidad diaria.
Más saludos
Me encantaría poder hacer ver a los que nos dirigen o a los que nos gobiernan que el sector necesita, hoy por hoy, de todas las armas para estar al día...en tener a la mejor gente profesional a nuestro lado...bien pagada y para ello necesitamos que se nos devuelvan los recursos que cada uno genera en su botica...para reinvertirlo en poder dar al público el mejor servicio posible profesional.
Saludos