El conflicto profesional que se generó la semana pasada, con el anuncio de aprobación del Proyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, y que tuvo a la profesión enfermera como protagonista del primer capítulo, no parece haber concluido. Más bien al contrario, ya que la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha emitido también un comunicado en el que pide la retirada del Proyecto, y la "apertura de un diálogo transparente entre la Consejería de Sanidad y las profesiones afectadas para resolver los problemas reales de la sanidad madrileña".
Y es que, opina Amyts, la nueva Ley otorgaría a las farmacias "atribuciones para su participación en la asistencia sanitaria a los ciudadanos", sin que se hayan determinado, continúan, "las necesidades que se quieren cubrir mediante dicha colaboración". Tampoco "se establecen ni se estudian la implicación en las cargas de trabajo (del resto de profesionales sanitarios, se entiende) que dicha colaboración puede suponer, así como la derivación y posible eliminación de puestos de trabajo". También se quejan "de la falta de concreción de los límites de participación, dejando abierta la asignación a las farmacias de competencias propias de los profesionales de los centros de salud".
Para Amyts, cualquier colaboración de éstas en la asistencia "debería circunscribirse exclusivamente a aquellos aspectos relacionados con la prestación farmacéutica" y esto debería hacerse "dentro de un plan integrado de atención en el que se especifique su papel y su coordinación con la actuación de los profesionales de los centros sanitarios". "Dicho plan debería elaborarse previamente a cualquier alteración de la realidad asistencial y con la presencia del resto de profesiones sanitarias implicadas, ya que, de no ser así, parece que se atribuyen funciones de competencia, en lugar de colaboración, y ello parece que rompe la cohesión y la coordinación que estructuralmente posee el sistema sanitario".
Por último, denuncian "la sobrecarga que sufre en la actualidad la Atención Primaria, con un desvío de fondos de la sanidad pública a otros destinos, en lugar de reforzar el nivel existente, que ya cuenta en su plantilla con farmacéuticos, y que ha demostrado con creces su eficiencia, calidad y satisfacción por parte de los ciudadanos".
La respuesta del COF
En su respuesta, el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Madrid comienza recordando, como ya hiciera en su réplica al Colegio de Enfermeros (ver declaraciones del presidente del COF, Luis González, a Diariofarma), que "el Proyecto es respetuoso con la normativa sectorial de Farmacia", y además destaca que su tramitación ha sido "garantista, dando oportunidad a todos los agentes, instituciones y organismos que han querido manifestar su opinión a que aleguen cuantos asuntos han creído oportuno".
Además, opinan que las afirmaciones de Amyts "carecen de sentido", en tanto que el Proyecto "precisa de desarrollos, con el fin de determinar los requisitos, criterios y actividades a desarrollar por la oficina de Farmacia". Y a este respecto, afirman que "las necesidades no las marcan los farmacéuticos, sino la propia sociedad". "La demanda de servicios nuevos parte siempre de la población y es la autoridad sanitaria la que debe velar por satisfacer las demandas sociales, y los profesionales con competencia y formación en la materia, quienes han de poner en marcha las mejoras de atención".
Para el COF, la norma, que tendrá que pasar ahora por la Asamblea de Madrid, "mejora sustancialmente la atención al ciudadano" y "no invade competencias de otros profesionales sanitarios, ni tampoco es contrario a la normativa estatal". Desde el COF terminan recordando que la oficina de farmacia ya "colabora con las estructuras del SNS, y con el conjunto de profesionales adscritos, con el fin de dar una mejor respuesta multidisciplinar a las necesidades de los pacientes".
Nicolas Gonzalez Casares: