CCOO ‘compra’ el argumento de enfermería y ve la AFD como “privatización sanitaria”

Comisiones Obreras (CCOO) comparte el argumento de los enfermeros en relación con que la atención farmacéutica es una “privatización” de la sanidad. Así lo ha explicado el sindicato en un comunicado en el que valora el Proyeccto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid.

CCOO considera que el proyecto de ley es “una nueva manifestación del modelo ideológico por el que sigue apostando el Gobierno del PP en materia de servicios públicos”. Según ellos, se trata de “una apuesta por la derivación de los fondos públicos al ámbito privado con el fin de convertir en negocio y beneficio mercantil, en este caso, nuestro derecho a la vigilancia y seguimiento de los tratamientos farmacológicos de las personas usuarias y pacientes”.

Para el sindicato, la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico es “de forma evidente la externalización de una competencia y responsabilidad que debe recaer de forma exclusiva en el sistema público sanitario y de manera especial, en la red de Atención Primaria que debe ser claramente reforzada en términos humanos y materiales”.

El sindicato, que asegura respetar y reconocer la labor de los farmacéuticos, consideran que “el seguimiento de la medicación de pacientes mayores, crónicos, polimedicados y dependientes, tal y como recoge el Anteproyecto en las nuevas funciones y servicios atribuidos a las oficinas de farmacia, no corresponde a este ámbito pudiendo, incluso, vulnerar marcos de máxima protección como el acceso a la historia y evolución clínica del paciente”.

Pero no solo eso, CCOO también critica algunos otros aspectos del proyecto de Ley como la flexibilización de horarios de apertura de la farmacia, los criterios para la transmisión y regencia de las oficinas de farmacia, entre otras, porque, según dicen “pueden tener impacto directo en el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los diferentes profesionales adscritos a las mismas”.

Por último, el sindicato denuncia que una propuesta de estas características no haya sido puesta en común ni participada por los diferentes agentes sociales implicados, entre ellos las organizaciones sindicales de carácter general.