La Ley de Farmacia de Madrid ha pasado su primer trámite parlamentario al salvar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos gracias al rechazo de Partido Popular y Ciudadanos. De este modo, la ley seguirá su trámite en la Asamblea de Madrid, algo que hace pocas semanas parecía improbable, si bien es difícil que llegue a aprobarse antes de la disolución de la cámara a finales de marzo.
El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero realizó la presentación de la ley, que está pensada para adaptar la actividad de la farmacia, que desde 1998, fecha de la norma a la que se pretende sustituir, “ha cambiado mucho”. Según Ruiz Escudero, se busca adaptar los servicios que presta la farmacia para que sean “acordes al resto de prestaciones del SNS”.
Ruiz Escudero, que ha señalado que la farmacia es “uno de los servicios más valorados por la sociedad”, ha puesto de manifiesto la necesidad de “potenciar el carácter asistencial” de la misma y hacer que la prestación farmacéutica pública sea “eficaz, sostenible y adaptada a las necesidades de los madrileños”.
En relación con los aspectos más conflictivos de la norma, la atención farmacéutica, el consejero explicó que la nueva ley “facilitará la atención integral del paciente, incluyendo mecanismos de coordinación y seguimiento farmacoterapéutico entre los distintos estamentos sanitarios”.
Enrique Ruiz Escudero: la farmacia es “uno de los servicios más valorados por la sociedad” por lo que es necesario “potenciar su carácter asistencial”
Al final de su intervención, el consejero ha reclamado el “mayor acuerdo posible” entre todos los grupos para la tramitación de la ley puesto que están dispuestos a “sumar diferentes puntos de vista que vengan a enriquecer los proyectos y no a dividir”.
Las críticas a la norma llegaron con las intervenciones de los portavoces de Podemos, Mónica García, y PSOE, José Manuel Freire, que pusieron el acento en la necesidad de la norma y los conflictos de competencias denunciados, principalmente, por los enfermeros.
Podemos: una ley que permite invadir competencias
García dedicó parte de su intervención a destacar el carácter privado de las oficinas de farmacia, pese a que también destacó que “su contribución al engranaje del sistema sanitario es indudable”. Eso sí, aseguró que presenta “evidentes” intereses compartidos entre su servicio público y como negocio privado y señaló que “es el único punto del sistema donde esa transacción es directa y va de particular a particular, de bolsillo a bolsillo”, supuestamente en referencia al copago, acción, hay que recordar, que las farmacias recaudan por encomienda del sistema sanitario.
Para la portavoz de Podemos, el problema de la ley es que “intenta ampliar las competencias de las oficinas de farmacia en detrimento de las del sistema sanitario”. Para García, el sistema debería aprovechar más el papel asistencial de las farmacias “pero no a costa de las competencias de otros profesionales sanitarios”.
Mónica García: la ley “intenta ampliar las competencias de las oficinas de farmacia en detrimento de las del sistema sanitario”
Según García, “la atribución de competencias de la oficina de farmacia en cuanto a la prevención, seguimiento de la adherencia, racionalización del gasto farmacéutico, seguimiento de programas de adherencia a pacientes mayores, crónicos, polimedicados, dependientes, vulnera la normativa sobre la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y hace que entre en competencia no solo de los profesionales sanitarios y enfermeros sino de los propios farmacéuticos del sistema sanitario en atención primaria y hospitalaria”.
Además, la portavoz de Podemos, utilizando el argumento de los enfermeros, aseguró que la ley “abre la puerta a que las farmacias accedan a los domicilios de los usuarios del SNS, que luego será muy complicada de cerrar”. A este respecto, reclamó que antes de que puedan llegar los farmacéuticos de oficina de farmacia a los domicilios, “trasladando con ellos su doble carácter público y privado, deberíamos asegurar que los profesionales de AP puedan llegar”.
PSOE: una ley no necesaria
Por su parte, el portavoz del PSOE centró su intervención en negar la necesidad de la ley. Según él, todo lo regulado en esta norma está contemplado en la ley 16/1997 estatal Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia y en la ley 19/1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica de Madrid. Por ese motivo, consideró que todas las innovaciones que se incluyen podrían realizarse vía reglamentos.
José Manuel Freire: la elaboración de esta norma responde a intereses gremiales “legítimos pero que no corresponden al interés público”
En relación con la Atención Farmacéutica Domiciliaria, Freire consideró que es “inaceptable” por tres argumentos. En primer lugar, porque “está fuera de las competencias profesionales de las personas que trabajan en oficina de farmacia”. Por otro lado, consideró que se trata de “una actividad sanitaria que está asignada al personal sanitario clínico de atención primaria” y, por último, que el cambio introduciría “conflictos de interés que son inaceptables”. Por ello, retó a Ruiz Escudero a indicar “en qué país de nuestro entorno pueden ir los farmacéuticos a los domicilios de los pacientes”. En este punto, Freire también indicó que el modelo de farmacia español es único y planteó como rareza la vinculación del binomio propiedad-titularidad.
Por todo ello, el socialista atribuyó a intereses gremiales “legítimos pero que no corresponden al interés público” la elaboración de esta norma que, según él, “no arregla ningún problema y crea algunos”.
PP: Una ley que adapta la farmacia a la dinámica social
Por su parte, el portavoz del PP, Eduardo Raboso, inició su intervención asegurando estar “fuera de juego” por las explicaciones de Freire acerca de la falta de necesidad de la Ley. A este respecto, señaló que “no adaptar a la farmacia a la evolución tecnológica, significa dejar a la oficina de farmacia por detrás de la dinámica social y tecnológica”.
Además, Raboso cuestionó a Freire por “entender una cierta suspicacia cuando no desaprobación del modelo de farmacia de este país”, a lo que él consideró que se trata de un modelo “muy superior” al de otros países. Además, reclamó
El portavoz popular criticó a los grupos de oposición haber hecho lo posible para retrasar la tramitación de la ley, que entró en la Asamblea de Madrid en septiembre pasado y también criticó algunas de las enmiendas al articulado presentadas por PSOE y Podemos.
Raboso criticó que Podemos pida la eliminación de las farmacias de 24 horas o que se intente obligar a que las farmacias se tengan que ajustar a los protocolos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). A este respecto, el portavoz popular se preguntó qué pasa entonces con los protocolos de otros servicios sanitarios públicos o qué ocurre con la sanidad privada.
Eduardo Raboso: “no adaptar a la farmacia a la evolución tecnológica, significa dejar a la oficina de farmacia por detrás de la dinámica social y tecnológica”
En relación a otras enmiendas, criticó que traten de limitar aspectos que están regulados en normativa nacional, “como servicios básicos a prestar a la población” en el artículo 1 de la Ley 16/1997.
Cs: Lo importante es una ley útil para el ciudadano
Por último, el portavoz de Ciudadanos, Enrique Veloso, mostró su acuerdo en que es necesario actualizar la ley de 1998, “una de las regulaciones más antiguas del ámbito farmacéutico en España”.
Veloso quiso explicar en su intervención los pasos que han dado en los últimos meses para buscar un consenso profesional y con los pacientes para mejorar esta ley ya que, según aseguró, la ley “está mal planteada” por el Gobierno regional, que no ha “gestionado” la norma con los profesionales ni los grupos políticos.
Para el portavoz de Ciudadanos, lo importante es una ley “útil y beneficiosa para los pacientes”, algo que considera que conseguirían con sus enmiendas.
Enrique Veloso: “los farmacéuticos necesitan seguridad jurídica en su ejercicio y los pacientes también necesitan ver protegidos sus derechos”
En modo de crítica a PSOE y Podemos, reclamó que hubiera sido un buen momento para que hubieran presentado un texto alternativo para “aclarar cual es su modelo de farmacia, pero no han sido valientes”, aseguró. Además, en relación a la principal crítica de la Ley, la atención farmacéutica domiciliaria, Veloso puso como ejemplo la ley de 2007 de Andalucía que recoge servicios profesionales farmacéuticos “con protocolos de dispensación a domicilio”. Por ello se preguntó si el PSOE de Andalucía llevaba más de diez años con “un modelo de farmacia que no quieren” en Madrid.
Por último, señalo entre las razones para apoyar la tramitación de la ley, Veloso apuntó que “los farmacéuticos necesitan seguridad jurídica en su ejercicio y los pacientes también necesitan ver protegidos sus derechos”.
