Sociedades científicas a Sanidad sobre los IPT: “Queremos ayudar”

"Queremos ayudar". Básicamente, con esta expresión bastaría para explicar cuál es la actitud que mostraron los representantes de las sociedades científicas que participaron en la presentación del documento 'La adecuación de las evaluaciones a la clínica', elaborado por Diariofarma con la colaboración de Roche, a partir de la información recopilada en 31 cuestionarios respondidos por organizaciones representativas de profesiones médicas y de una jornada de debate en la que estas entidades fueron también las protagonistas.

En la presentación del documento, que fue conducida por el director de Diariofarma, José María López, intervinieron Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEF-C), Ramón García, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), y Carlos Jiménez-Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), en representación de todas las sociedades participantes en el informe. Todos ellos defendieron la aportación que pueden hacer los expertos que integran estas sociedades en el proceso de evaluación clínica, en general, y en la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), en particular, por su conocimiento de las enfermedades a las que van dirigidos los medicamentos. Lo que ocurre ahora, aseguraron, es que se les consulta poco y sus observaciones, en muchos casos, son obviadas sin mediar justificación.

De los datos recogidos en la fase de estudio, cabe destacar que el 80% de las sociedades científicas encuestadas consideran que el IPT es el segundo documento de evaluación con más peso en el acceso a los fármacos, solo por detrás de las guías de práctica clínica (84%). Sin embargo, el 65% de ellas asegura que no se les ha solicitado colaboración para la elaboración de éstos cuando afectaron a su ámbito de actuación. Y parece que por ganas no es, ya que el 88,46% muestra interés en participar de forma activa. Además, uno de los problemas que reflejan es que, cuando se les ha consultado, sólo en el 41,4% de las veces se ha tenido en cuenta la propuesta de sus médicos clínicos expertos en la patología a analizar.

La opinión del 62,5% las sociedades participantes en la encuesta es que hay diferencias en la consistencia entre los IPT que han contado con un experto propuesto por una sociedad científica y los que no, en lo que respecta a su adecuación a la práctica clínica. De hecho, ronda el 50% el grupo de las que creen que el resultado final no está acorde con la visión de su organización médica.

Participación de principio a fin

En la presentación del documento, tanto García como Jiménez-Ruiz coincidieron en que la participación de los expertos de las sociedades científicas en la evaluación para el posicionamiento de los medicamentos es "insuficiente", y defendieron que ésta debe producirse en todo el proceso, es decir, "de principio a fin". Avendaño consideró que, para ello, sería bueno poder incorporar su visión en la definición del procedimiento normalizado de trabajo (PNT), en la que se estaría trabajando actualmente, de modo que las sociedades científicas sean consideradas oficialmente como un agente más.

Los representantes de estas sociedades circunscribieron su ámbito de aportación a los aspectos clínicos. "En la parte económica no quiero participar, porque no me puedo considerar un experto. Pero en la parte clínica tenemos mucho que decir. Hay fármacos, por ejemplo, que van dirigidos a un grupo de pacientes muy concreto y nosotros disponemos de expertos que pueden contribuir a realizar esa aproximación", opinó el presidente electo de la SEHH. Le completó Jiménez-Ruiz señalando que "son los clínicos los que tienen la experiencia diaria con la enfermedad y con el paciente y, al no contar con ellos, se está desperdiciando la visión de profesionales expertos". A juicio de Avendaño, obviar la opinión de los médicos supone "empeorar la calidad del informe y su capacidad para guiar la financiación selectiva".

En este sentido, la presidenta de los farmacólogos y también coordinadora del Grupo de Medicamentos de FACME, asoció la falta de consideración actual de la visión de los clínicos a "unos tiempos en los que se pensaba que no estaban comprometidos con el buen uso" y la sostenibilidad, una forma de pensar que, dijo, "hay que dejar atrás". "Estamos aquí para dar un paso adelante y decir que queremos participar para dar el mejor acceso manteniendo la salud de los pacientes, pero también del sistema", declaró, y entró también al debate, como sus compañeros de mesa, sobre los conflictos de interés.

A su juicio, es lógico que "un médico experto en una enfermedad, con tres publicaciones científicas y varios años de experiencia, sea consultado por un laboratorio para aprobar un medicamento sobre esa enfermedad". "Me generaría más sospechas quien se convierte en experto de la nada. Quien venía siendo un experto y le han ido a buscar, y asesora además a otras organizaciones, lo normal es que se recurra a él", apuntó, y se ciñó a las declaraciones de intereses, cada vez más comunes, como guías para saber el grado de relación con los laboratorios y poder evaluarlo antes de tomar en consideración la postura del experto durante una evaluación. Desde la SEHH, García defendió también que quede constancia de las aportaciones individuales. "Sería bueno que todo el mundo figure, por una cuestión de transparencia", argumentó.

Visto el ámbito de mejora que para estas sociedades científicas existe en lo que respecta a la elaboración de los IPT, cabe reflejar aquí también su desacuerdo con la forma en la que se está llevando a cabo su participación en los actuales trámites de audiencia pública, una vez que se ha redactado el borrador. El presidente de Separ se quejó, a este respecto, de que les den participación al final, y casi sin tiempo, "para que luego, cuando haces la aportación, no sea considerada". "Y lo que es peor", añadió: "Que ni siquiera te dan explicación de por qué".

Reevaluación en las CCAA

Más allá de esto, los representantes de las tres sociedades entraron a valorar el hecho de que, una vez aprobado el IPT, se proceda a la reevaluación, por parte de las comisiones de las CCAA, de cuestiones clínicas. Avendaño se mostró contundente en este punto, acusando a las autonomías que lo hacen de "falta de lealtad institucional", ya que están representadas en el Grupo de Posicionamiento Terapéutico, aunque sus visiones no siempre resulten ganadoras.

Por su parte, García recordó que la evaluación clínica de los fármacos comienza en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y opinó que resulta "muy difícil mejorar la ficha técnica del producto". Admitió, sin embargo, que cada país "lo adapte a sus características". Otra cosa es la reevaluación por las CCAA, que, dijo, supone "un exceso de burocratización del proceso". Avendaño consideró que en ocasiones "se están utilizando excusas técnicas para la intervención política".

Jiménez-Ruiz opinó también que las comisiones autonómicas "enlentecen y burocratizan el proceso". Eso no quita para que, a su juicio, las CCAA tengan que estar presentes, como lo tienen que estar los clínicos o los pacientes, en todo este proceso. Para él, la solución estaría en que haya "una única Comisión central, con participación de las autonomías, para evitar que los medicamentos tarden años en llegar a los pacientes".