La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha emitido un comunicado en el que reclama mayor participación de los médicos y las sociedades científico-médicas en las decisiones sobre financiación y uso de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), algo que, dicen, "mejoraría notablemente la calidad y el rigor científico de las decisiones, permitiría reforzar la autoridad de éstas y el funcionamiento del binomio médico-paciente en cuestiones de tratamiento".
A este respecto, Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y portavoz del Grupo de Medicamentos de Facme, ha subrayado que "la normativa de los medicamentos no regula directamente la práctica médica ni los derechos de los pacientes, aunque, sin duda, la prescripción médica debe responder a dichas regulaciones".
Desde Facme recuerdan que ya han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la sucesiva aparición de instrucciones, informes y decisiones administrativas sobre medicamentos "sin ningún tipo de audiencia pública previa, ni participación o consultas a los representantes de los médicos que conocen los medicamentos sobre los que se decide y quienes asumen la responsabilidad de la prescripción a los pacientes". “Nos hemos posicionado públicamente frente a numerosos informes, planes de acción, decisiones administrativas, procedimientos, etcétera no solo reclamando una mayor participación médica sino también una comunicación pública general a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos tanto de las decisiones tomadas como del informe de justificación que avala cada una de ellas”, explica Avendaño.
Y es que, en su opinión, "una remisión genérica a los fundamentos legales o administrativos o a la sostenibilidad del sistema, si no se acompaña del análisis y justificación específica, no es válida para avalar decisiones complejas que van más allá del precio del medicamento y que afectan tanto a la práctica médica como a la atención que reciben los pacientes”.
Prescripción médica
Entre los documentos que han aparecido sin consulta a las sociedades científico-médicas destacan dos: el relativo a la prescripción médica de medicamentos autorizados y no incluidos en la prestación del SNS y el plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos biosimilares y genéricos, denominados “reguladores del mercado”, en el SNS. A este respecto, la presidenta de la SEFC ha reiterado que las sociedades científico-médicas están "completamente alineadas con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia posible con los recursos asignados" y consideran "imprescindible mantener y perfeccionar el funcionamiento de la financiación selectiva en nuestro modelo”.
Los médicos, conocedores de las enfermedades y expertos en el manejo integral de los pacientes a los que se dirige el medicamento, deben participar, según Facme, en la evaluación de la efectividad de los medicamentos y deben comprender por qué las decisiones finales coinciden o no con las condiciones aprobadas en las fichas técnicas o en los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. “Se trata de transparencia y comunicación, algo que reforzará la autoridad de las administraciones que toman decisiones sobre financiación y facilitará la relación con los pacientes”, insiste Avendaño.
En esta misma línea, FACME se refiere también al principio de equidad en el acceso a medicamentos en las distintas comunidades autónomas y hospitales de una comunidad (Art. 91.1 del RDL 1/2015) y a los pacientes cuyas situaciones particulares, graves o incapacitantes apunten a que la mejor decisión terapéutica para su supervivencia es un medicamento no financiado. Tal y como explica la experta, “en ocasiones, para pacientes individuales, el tratamiento no financiado es el adecuado y la espera para la toma de decisión general no es una opción para él. Esto no debe interpretarse como una quiebra de la equidad, sino precisamente como un aseguramiento de la misma, al permitir tratar a los pacientes con necesidades particulares con alternativas similares a las que otros pacientes con afecciones comparables tienen acceso”.
Sobre los genéricos y los biosimilares
En relación con los genéricos y los biosimilares, las sociedades médicas federadas en Facme se declaran "completamente a favor", y consideran que son "un instrumento valioso para reducir el coste de los tratamientos. Dicen estar "de acuerdo con los objetivos del Plan del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, tanto en el general de fomento de la utilización de genéricos y biosimilares, como en objetivos específicos tales como generar confianza en su utilización o reforzar la información basada en el conocimiento científico". Sin embargo, consideran que "para conseguir tales objetivos deben realizarse mejoras en las medidas que se plantean". "Los médicos prescriptores y los pacientes deben ser protagonistas en dichas medidas para fomentar la prescripción y uso de genéricos y biosimilares, y sería completamente inadecuado realizar acciones a sus espaldas, haciendo pivotar el plan sobre las políticas de sustitución y cambios de medicamentos", comenta Avendaño.
Así, confían "en poder participar y revisar siguientes versiones del Plan y poder equilibrar el excesivo foco en los aspectos administrativos y económicos de los medicamentos, con los aspectos de la práctica médica y el seguimiento de los pacientes, la continuidad asistencial, la adherencia, la confianza y los derechos de los pacientes o los aspectos ligados a la terapéutica". A este respecto, muestran su compromiso "con la sostenibilidad y calidad del SNS incluyendo el mejor uso de los medicamentos", y su deseo de "colaborar con las Administraciones Públicas para lograr esos objetivos comunes".
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: