El Gobierno ha detallado en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 las prioridades que tendrán en sus políticas para el presente año.
En lo que se refiere a Sanidad, el Ejecutivo se marca como objetivos principales “recuperar y afianzar la universalidad de la asistencia sanitaria” , así como “eliminar progresivamente los copagos farmacéuticos”.
Además de estas cuestiones, el departamento de María Luisa Carcedo prevé avanzar en la iniciativa política en el ámbito de las pseudoterapias junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III; el desarrollo e implementación de la Ley General de Salud Pública o la elaboración y desarrollo del Plan de abordaje de la terapia celular que se enmarca en el Plan Estratégico de Medicina de Precisión del SNS.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad se marca como objetivo el desarrollo de la interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, perfeccionar procedimientos y potenciar las compras centralizadas de medicamentos, productos sanitarios y tecnología, atendiendo a las necesidades reales de las CCAA, incorporar tecnologías que se han mostrado coste-efectivas para grupos de población, “como es el caso de la tecnología flash en el control del paciente diabético, complementos para la atención el déficit auditivo, etc.” o la introducción del concepto coste-valor en la evaluación y financiación de los medicamentos “con el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las CCAA”.
¿IPT en la Comisión de Farmacia?
Una cuestión llamativa de la memoria de objetivos del PGE 2019 es que en el apartado de prestaciones sanitarias y farmacia se recoge como objetivo “generar en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) que constituyan un documento de referencia indiscutible para la gestión clínica en las Comunidades Autónomas. Es decir, que aporten la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en el momento de la financiación, de la evaluación fármaco-clínica y de la utilización del medicamento”. Cuestión que puede interpretarse como la búsqueda de una evaluación única para todo el SNS.
Además, recoge la necesidad de “medir los resultados en la práctica clínica para determinar que están aportando una vez se incorporan los medicamentos al arsenal terapéutico financiado con el objetivo de disponer de información rigurosa y real para actualizar el posicionamiento de los medicamentos”, así como desarrollar un modelo específico para la innovación disruptiva de medicamentos y productos sanitarios que comprende la identificación precoz, la evaluación previa y un sistema de financiación que disminuya la incertidumbre financiera y clínica en su incorporación. Del mismo modo, busca desarrollar modelos que disminuyan la incertidumbre en la financiación de los medicamentos para enfermedades raras.
Otra cuestión recogida se dirige a “impulsar medidas para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado como son los medicamentos genéricos y los medicamentos biosimilares” o “fomentar la utilización de intervenciones, en materia de prestación farmacéutica, innecesarias a través de las recomendaciones de “no hacer”.
Genéricos y biosimilares
En otro orden de cuestiones, los PGE recogen el objetivo de implementar y continuar el desarrollo del nuevo modelo de prestación farmacéutica que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a todos los medicamentos necesarios para hacer frente a las distintas patologías, incluso los más innovadores que aporten ventajas terapéuticas, permitiendo a las administraciones sanitarias incorporar criterios de coste-beneficio-eficiencia en la prestación farmacéutica. En esta línea, se trabajará para incrementar el consumo de medicamentos genéricos y se establecerá un marco normativo estable y previsible, con participación de las comunidades autónomas en la política farmacéutica, que facilite el ejercicio de las actividades industriales de los laboratorios fomentando la investigación con nuevos incentivos.
Otro de los objetivos será “apostar por la transparencia del sistema y por poner a disposición de los pacientes la mejor información posible para disminuir la asimetría de información para favorecer el paciente activo y responsable” y “garantizar el acceso universal a unas prestaciones de calidad, con independencia de su lugar de residencia y teniendo en cuenta las normas europeas que garantizan la asistencia sanitaria transfronteriza”.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: