El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha emitido un comunicado para defenderse de las acusaciones de irregularidades en la adquisición de medicamentos que hizo en su contra la Sindicatura de Cuentas del Principado, señalando que desde 2018 se han aplicado "medidas correctoras, que consisten en incrementar las compras centralizadas, tal y como recomienda el informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas". En este sentido, aseguran que "el nivel de contratos menores ha descendido desde 2017, cuando suponían el 91,1% del total tramitado, hasta el 74,02% de 2018, una tendencia que continuará en los contratos que se ejecuten durante el segundo semestre de este año".
Más allá de estas mejoras, desde el Sespa han puesto de manifiesto que tienen la intención de "alcanzar el 90% del gasto de medicamentos", para cumplir así con la normativa de contratación.
El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha reconocido que "las recomendaciones de la Sindicatura van a ser muy útiles para detectar qué se puede mejorar y conseguir los objetivos previstos". "Tendremos que incidir en las compras centralizadas, en las que ya estamos trabajando", ha incidido.
Sobre el informe de la Sindicatura, cabe destacar algunas acusaciones relevantes. En primer lugar, indica que "el sistema contable no refleja la realidad de la ejecución de los contratos formalizados y, por tanto, la información extraída del mismo no es fiable". "Las operaciones se transmiten desde la aplicación de farmacia, Farmatools, a la aplicación contable, Asturcón XXI, mediante conceptos genéricos que impiden identificar las adquisiciones", añaden, calificando este hecho como "una debilidad de control interno que dificulta la toma de decisiones".
El informe refleja además que en 2017 se formalizaron contratos menores por valor de 39,2 millones de euros (un 29,73% del total) que superaron de forma individual el límite de 18.000 euros que marca la normativa, mientras que en 2018 se situó en los 30,56 millones de euros, un 25,34% de la contratación menor comunicada en ese ejercicio. "En ambos casos hay un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público", sentencia la Sindicatura.
Esta institución detectó además que en 2017 la adquisición separada de medicamentos cuya agregación anual supera el límite de los contratos menores supuso un 91,01% del importe de la contratación menor comunicada, ascendiendo a 120,2 millones de euros, mientras que en el ejercicio 2018 estas compras, por importe de 89,28 millones de euros, alcanzaron el 74,02 % del total tramitado como contratación menor.
Entre las recomendaciones de la autoridad asturiana, cabe señalar el llamamiento a "potenciar el protagonismo de los servicios centrales, así como incrementar los expedientes a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición". Opinan que "una gran parte de los medicamentos y productos farmacéuticos adquiridos constituyen necesidades perfectamente previsibles y, por tanto, susceptibles de una planificación adecuada", que, de realizarse, "evitaría una gran parte de la contratación irregular evidenciada en el informe".
En el caso de formalizar acuerdos marco, recomiendan su adjudicación "en el menor tiempo posible, para evitar adquirir mediante contratación menor por falta de vínculo contractual". Añaden que exigir en los pliegos que en el objeto de la factura se incluyera, además del suministro realizado, el número de expediente en base al cual se realiza el pedido "beneficiaría el control de la ejecución de la contratación". Sobre la facturación, recomiendan "señalar el precio unitario correspondiente a la unidad de medida licitada".
Evitar descuentos y donaciones
Finalmente, llaman a "evitar, en lo posible, la aceptación de descuentos o donaciones de medicamentos en los centros hospitalarios", ya que "un medicamento suministrado a un coste muy bajo o sin coste a los hospitales puede generar a medio y largo plazo un incremento en el gasto sanitario, ya que el medicamento puede ser recetado en el alta hospitalaria y mantenido posteriormente en el tratamiento del paciente, ya sin descuentos, en la adquisición de los mismos en las oficinas de farmacia".
Concluyen señalando que "en el Servicio de Farmacia Hospitalaria debería haber, como mínimo, dos farmacéuticos para garantizar la presencia, física o localizada, de un especialista todo el tiempo que el servicio esté abierto, además de personal administrativo, auxiliar y de enfermería en un número suficiente y en función de las necesidades de cada centro hospitalario". También consideran útil "la implantación de tecnología y sistemas de información como apoyo al trabajo desarrollado en la Farmacia Hospitalaria" para "evitar controlar los procesos relacionados con el medicamento de manera manual en lo referente a la protocolización, validación, preparación y dispensación de medicamentos".
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: