El candidato socialista a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez, ha presentado hoy un versión reducida del programa de 370 propuestas que elaboraron para los comicios del pasado 28 de abril, en la que se incluyen las 35 medidas prioritarias de cara a un eventual Gobierno liderado por los de Ferraz, a las que han denominado como "los 35 compromisos sociales". En su web, el PSOE indica que se trata "de un avance del programa electoral".
El líder socialista subrayó durante su comparecencia que, mientras otras formaciones presentan "programas electorales" pensados únicamente "para concurrir a unas elecciones", el PSOE tiene "un programa de Gobierno" para "liderar nuestro país", dar una "respuesta progresista a los problemas de los españoles y a las urgencias sociales" y para "guiar a España con moderación hacia el progreso".
Entre esos compromisos, los hay en materia de pensiones, empleo, vivienda, educación, género o transición ecológica, y también de salud. En este último apartado, se comprometen "con un sistema público de salud de calidad para todos", lo que pasa, por "la eliminación progresiva de los copagos sanitarios empezando, por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad".
Prometen también "incorporar la atención bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud", así como "prestar la máxima atención a las enfermedades raras, incluyendo adecuadamente su cobertura en la sanidad pública" y dedicar más medios "a combatir el cáncer infantil y adolescente, así como a la atención a la salud mental".
También hacen referencia, como ya lo hicieran en la propuesta de abril, a garantizar "la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud", en referencia a las poblaciones más aisladas.
Finalmente, cabe destacar que, en línea con la propuesta que hicieron a Unidas Podemos en la fase de negociación para salvar las reticencias de esta agrupación a permitir un Gobierno en solitario por el riesgo de que los socialistas incumplieran su programa, se comprometen ahora a "constituir consejos sectoriales de verificación, en los que participará directamente la sociedad civil", para evaluar dicho cumplimiento".
