El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite para el desarrollo de la que será la próxima norma clave del Sistema Nacional de Salud. Se trata de la denominada Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, cuyo anteproyecto se ha sometido a consulta pública previa hasta el 19 de noviembre.
Los antecedentes de la nueva norma que quiere impulsar el Ejecutivo se sitúan en diferentes leyes aprobadas a lo largo de los últimos años. En el ámbito sanitario, se afectará a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS; el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Fuera de este ámbito, al modificar la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se pretende que sea preceptiva una evaluación del impacto en salud en la elaboración de las iniciativas normativas reguladas por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, disponiendo en las Memorias del análisis de Impacto Normativo de un apartado relativo al impacto en la salud de la población.
Los objetivos que se persiguen con esta nueva ley son principalmente cuatro, tal y como justifica el Ministerio de Sanidad en la exposición de motivos de la para justificar la necesidad de la nueva ley.
Además, de la incorporación del impacto en salud de cualquier nueva norma que se vaya a aprobar, el Ejecutivo quiere “evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, eliminando la relación de financiación con el tipo de cartera, de tal forma que no puedan establecerse copagos sanitarios nuevos”. En este sentido, prevé la reordenación de carteras que el RDL 16/2012 dividió en común básica; común suplementaria y común de servicios accesorios, unificándolas y regresando a la definición previa a este RDL.
Según asegura el Ministerio, los que se pretende es “establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse copagos sanitarios nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas”. A este respecto, es de recordar que las dos carteras que, en principio, estaban sujetas a copago, no se han desarrollado y no se ha ampliado a más servicios, aunque sí a las personas afectadas, respecto a lo establecido desde los años 80.
Por otro lado, se quiere avanzar en “garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida”. Según explican se trataría de derogar el apartado 5 del artículo 3 de la Ley de Cohesión, que establece la necesidad de suscribir convenios para la asistencia sanitaria de las personas que no tengan condición de asegurado o beneficiarios del mismo. En este sentido también se prevé abordar cambios en lo establecido por el RDL 7/2018, con el objetivo de “garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida”.
El último aspecto a abordar sería “fortalecer la cohesión y equidad en el SNS facilitando la viabilidad de desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Asistencial”.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: