¿Cuál es la visión del CAPF sobre los retos de la prestación farmacéutica?

Hace unos pocos días el Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF) cumplió año y medio de actividad. Un tiempo que ha sido utilizado para sentar las bases del trabajo y las prioridades estratégicas a acometer, pero que también ha empezado a dar frutos en forma de documentos de consenso en los que plantea su visión acerca de cuestiones relevantes para la prestación farmacéutica.

Exponer y analizar todas estas cuestiones ha sido el objeto del Seminario ‘Retos de la Prestación Farmacéutica y estrategia del CAPF’, organizado por Diariofarma, en el que han participado analizando todas estas cuestiones el presidente del órgano, Félix Lobo y su vicepresidenta, Ana Ortega.

El evento, que se ha celebrado telemáticamente, también ha contado con la participación de la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, quien ha realizado la bienvenida al seminario. Durante su intervención, Lacruz ha señalado que este año de trabajo “ha sido muy intenso” y, por ese motivo ha querido “reconocer y agradecer” al CAPF su trabajo que, para ella, “ha superado las expectativas”. Según ha asegurado, el asesoramiento realizado por este órgano “ha sido clave para el desarrollo de proyectos por parte de la Dirección General y abordar los retos en política farmacéutica”.

Posteriormente, Lobo realizó un repaso por lo que ha sido la historia regulatoria del Comité Asesor, profundizando en las funciones que tiene encomendada y también repasó las líneas estratégicas del CAPF. Además, quiso poner de relevancia la importancia que para los miembros del Comité tiene la transparencia y la independencia, bajo la máxima de llevar adelante su trabajo “siempre bajo criterios de transparencia y coordinación, con otros departamentos sanitarios”. Aspectos, que Sanidad “ha respetado”, insistió.

El presidente del Comité se centró un poco más en presentar el último documento consensuado, en el que se abordan los criterios y procedimientos de fijación de precios y financiación de nuevos medicamentos. Un documento que vio la luz hace pocos días.

Según explicaba Félix Lobo “esta es la línea estratégica prioritaria (de las cuatro fijadas) en la que el comité se ha centrado durante esta primera etapa”. Su objetivo es proponer medidas y asesorar en la evaluación sobre resultados.

Como dos subcategorías dentro de esa misma estrategia, el CAPF aspira a, por un lado “definir los criterios para la valoración de nuevos medicamentos sobre dos ejes principales, por otro, el beneficio clínico incremental y por otro la evaluación económica”. Además, se aportarán criterios de inclusión -o exclusión- de un medicamento financiado. El horizonte para el desarrollo de esta línea estratégica se plantea en torno al mes de junio de 2021, pero es una cuestión que en la actual situación resulta un tanto incierta, admitía.

Por su parte, Ana Ortega explicó a fondo el documento de consenso sobre Informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Una de las principales claves de ese documento es el planteamiento de que estos informes deben incorporar la evaluación económica como elemento fundamental en la adopción de decisiones.

En palabras de Ortega, los ITP son una herramienta esencial tanto para la fijación de precios como para la adopción de decisiones sobre financiación. El documento de consenso nacía precisamente “con el objetivo de apoyarlos y mejorarlos, puesto que consideramos que es precisa una revisión del procedimiento”.

Carácter vinculante del IPT

En otro de los aspectos en los que incidió Ortega fue a la hora de referirse a los IPT como “documentos de carácter vinculante, salvo excepciones que deben ser debidamente recogidas”. Por ello, asegura deben tener como un componente fundamental la evaluación económica y de impacto presupuestario, que debe acompañar al Beneficio Clínico Incremental (BCI) y formar igualmente parte de las conclusiones de cada informe.

Ortega apostaba asimismo por la participación de la industria farmacéutica en el proceso, con la posibilidad de solicitar estudios a las empresas siempre sobre la base de los parámetros establecidos por la Administración: “Queremos que la industria farmacéutica presente su evaluación económica siguiendo una guía que debe emanar del Ministerio y también aportando sus propias perspectivas”. De lo que se trata, en suma, es de “alinear el beneficio clínico incremental con la evaluación económica y el impacto presupuestario”, sentenciaba.

Ortega abogaba asimismo por ajustar el precio del medicamento a unos valores en un umbral entre el intervalo máximo -determinado por el precio acorde con el coste utilidad- y un intervalo mínimo, que sería el coste de fabricación y producción.

Grupos de trabajo

Félix Lobo ha presentado en el encuentro el plan estratégico del comité, dado a conocer a través de la página web del Ministerio y que su presidente definió como “ambicioso”. Es asimismo un documento que da fe del espíritu de colaboración en aras de la mejora de los modelos establecidos, siempre desde el asesoramiento como órgano colegiado e independiente.

Según ha explicado, el objetivo más inmediato del comité es seguir trabajando en el desarrollo de propuestas sobre criterios para la financiación de nuevos medicamentos. Y, a este respecto, anunció que en unos días se dará a conocer la composición de los grupos de trabajo que se han creado para avanzar en esta cuestión, que calificó de “esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario”.

Lobo ha indicado que el perfil de los integrantes de los nuevos subgrupos será marcadamente técnico. Ortega por su parte añadía que “no se trata de poner perfiles directivos ni cargos de comunidades o del Ministerio”.

Se tratará de “un grupo multidisciplinar”, con marcado perfil técnico, sin consideraciones de territorialidad. Su objetivo es aportar su conocimiento y su experiencia.

Otra cuestión transversal que tanto Lobo como Ortega, así como los documentos del CAPF, hacen hincapié es en la necesidad de incrementar los recursos de los que dispone el Ministerio de Sanidad a la hora de acometer su función, especialmente, de la manera que entiende el Comité que debe realizarse. Esta cuestión es “clave” para ellos.