El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha remitido las alegaciones al proyecto de Real Decreto de Vigilancia de la Salud Pública, planteando una serie de medidas dirigidas a “reforzar la estrategia y herramientas de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, en beneficio de los ciudadanos”.
En las alegaciones presentadas, la entidad colegial exhibe su capacidad y recursos, contando con los casi 77.000 farmacéuticos colegiados y las 22.137 farmacias comunitarias, para ofrecer un servicio sanitario “más cercano y accesible a los ciudadanos”.
Tras concluir el plazo de consulta pública, el pasado día 3, la Organización Farmacéutica Colegial “valora positivamente la creación de la Red de Vigilancia en Salud Pública (RVSP), prevista ya en la Ley 33/2011 General de Salud Pública, como coordinadora de los diferentes sistemas de vigilancia, manteniendo un funcionamiento continuo e incorporando un sistema de alerta precoz y respuesta rápida”.
De la misma manera destaca “la sólida formación y experiencia de los farmacéuticos en el ámbito de la Salud Pública”. En ese sentido recuerda que “sus competencias, académicas y profesionales, recogidas en la legislación, incluyen entre sus funciones la de colaborar en la vigilancia de la Salud Pública” y recalca la experiencia profesional en ámbitos como, la educación para la salud, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la formación e investigación, la gestión sanitaria y su participación laboratorios de Salud Pública o funciones de inspección.
Es por ello que desde el CGCOF se “insta a que se integre a la red de farmacias en la nueva Red de Vigilancia de la Salud Pública conformando así una Red Nacional de Farmacias Centinela”. De esta manera, “dotaremos a la Administración sanitaria de una fuente de inteligencia coordinada, eficaz y que dispone de un amplio alcance territorial y una gran capilaridad en la población, lo que permitirá hacer frente a posibles situaciones de riesgo para la Salud Pública, y facilitará una actuación ágil y precoz para evitar consecuencias negativas”.
A juicio de la entidad colegial “la integración de las farmacias dotará de mayor capacidad de inteligencia en Salud pública a nuestro Sistema Nacional de Salud y mayor capacidad de respuestas temprana, ágil y coordinada”. Además, recuerda, la participación de la farmacia se encuentra expresamente prevista tanto en la legislación específica de la Salud Pública (LGSP) como en la regulación propia de dichos establecimientos sanitarios (Ley 16/1997 y las distintas leyes de Ordenación Farmacéutica aprobadas por las CCAA.
También demanda que “se amplie la especialización en Salud Pública a los farmacéuticos, entre otros profesionales sanitarios”, mandato recogido en la Ley General de Salud Pública al señalar que el Gobierno modificaría decreto de formación sanitaria especializada, “con el fin de ampliar la especialización en Salud Pública al resto de profesiones sanitarias.”
Esta Red podría actuar como coordinadora de los diferentes sistemas de vigilancia existentes, vinculando su actividad al principio de información para la acción, consistente en el uso de la vigilancia para la rápida puesta en marcha de medidas ejecutivas frente a los riesgos detectados, todo ello a través del enfoque ‘Una única salud’ (One Health). Para ello, se pide que la Red funcione “como una estructura transparente y flexible de coordinación y gestión de los diferentes sistemas de vigilancia, combinando los diferentes tipos de vigilancia (activa, pasiva y centinela) de forma que pueda afrontar retos imprevistos y atender necesidades cambiantes”.
De forma paralela a la Red, el Consejo propone la creación de un Comité Técnico Estatal de Vigilancia de Salud Pública, con representación en el Ministerio de Sanidad y en las CCAA, que coordine la recogida de datos, evalúe su calidad y traslade a las autoridades autonómicas objetivos periódicos.
Por último, el Consejo General ha solicitado que el Real Decreto contemple mecanismos de coordinación y colaboración con las organizaciones colegiales de las profesiones sanitarias, de forma que puedan desarrollar su mandato de colaboración con la Administración que le da la Ley colegios profesionales.
