¿Un RDL solo para modificar el copago?

Este martes, por sorpresa, sin que nadie que yo sepa lo sospechara, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley con un único objetivo: la modificación del sistema de aportación por copago farmacéutico.

Se trata de un real decreto-ley que, a diferencia de lo que estamos tristemente acostumbrados, no era un decreto ómnibus, ni tan siquiera minibús. El texto se ceñía exclusivamente a lo citado, el copago. Sanidad no aprovechó ese texto para incluir cuestiones relevantes que el sector lleva tiempo pidiendo y sobre las que hay un consenso relevante.

Una de las cuestiones más claras que se podría haber incluido es la modificación legal sobre la transparencia de precios y condiciones de dispensación de medicamentos, que se tramitó como enmienda a una ley no sanitaria y que, como es lógico, tendría una mejor cabida y, sobre todo, una aprobación inmediata para evitar riesgos en caso de que decaiga la tramitación de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.

También se podían haber incluido otros asuntos que están en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y sobre los que también existe consenso acerca de la necesidad de actualización, como es el sistema de precios de referencia, por ejemplo.

Nuevo modelo de copago

Más allá de esta cuestión, también me gustaría valorar en sí el cambio introducido. Se trata de algo relevante, que según los datos del propio Ministerio de Sanidad supondrá un impacto de 265 millones de euros, lo que supone casi un 2% del gasto farmacéutico a través de recetas en 2025.

La modificación planteada es una adaptación de la que Sanidad tenía previsto incluir en la Ley de los Medicamentos, según se pudo ver en un borrador filtrado en diciembre de 2024 y que, una vez publicado el anteproyecto oficial, tras el paso por diferentes departamentos ministeriales, se cayó del texto. Desde Sanidad se aseguró que la regulación del copago se introduciría posteriormente en el texto legal, durante la tramitación parlamentaria.

La modificación, al igual que se planteaba en el borrador de 2024, incrementa el número de tramos del copago en población activa para hacer más progresiva la aportación. Cabe destacar que para quienes ingresen entre 18.000 y 60.000 euros anuales, la aportación bajará en cinco puntos porcentuales, desde un 50 a un 45%. Además, a usuarios de menos de 35.000 euros anuales se les aplicará un tope máximo de gasto mensual. Estas dos son las grandes novedades del sistema.

Además, a diferencia del borrador de 2024, no incrementa los máximos de aportación para las rentas altas, que de acuerdo con aquel texto llegaban a una aportación de hasta el 65%.

La propuesta de copago incide, por tanto, en un sistema basado en renta, pero mantiene la distinción entre pensionistas y activos, pese a que algunos economistas plantearon en 2024 un sistema puro según renta. Eso, no cabe duda, hubiera tenido un impacto político muy relevante.

Cabe recordar que estos expertos realizaron un trabajo de simulación con el establecimiento de diferentes tramos y aportaciones y que cedieron a la comunidad un simulador que podría haberse utilizado ahora por parte del Ministerio.

Tampoco se optó por ir hacia un modelo como el euro por receta, que algunos estudios identifican como más eficiente frente al gasto y menos problemático en cuanto a la afectación de la adherencia.

A falta de leer la letra pequeña del real decreto-ley, tampoco parece que se hayan puesto mecanismos de actualización automática para los topes establecidos. Esto hace que, como ocurrió hasta ahora, cada vez más usuarios caigan en los tramos superiores sin que su capacidad económica mejorara, sino simplemente por el efecto de la inflación.

Desde el punto de vista político, me llaman la atención varias cuestiones. Por un lado, la justificación que se haya planteado para aprobar esta modificación por un real decreto-ley, reservado para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad. Por otro lado, resulta significativo que la modificación del copago se hubiera quitado del anteproyecto de Ley de los Medicamentos, probablemente, a instancias del Ministerio de Hacienda, y resulta intrigante que en este momento, pocas semanas después de la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda, se aprobara. Eso sí, también me parece poco casual que esto se produzca a pocos días de las elecciones andaluzas, donde el copago ha sido utilizado como arma electoral por la exvicepresidenta.

En cualquier caso, como decía antes, creo que el Ministerio debería haber aprovechado para hacer una modificación de calado más relevante sobre el copago e incluir en la norma otras cuestiones. No creo que haya posibilidad de un segundo real decreto-ley.

José María López Alemany es director de Diariofarma.