La Tertulia Médico-Jurídica organizada por Promede bajo el título ‘La responsabilidad de las administraciones sanitarias en los contagios profesionales en la pandemia de la Covid-19’, ha puesto sobre la mesa la alta conflictividad judicial vivida por causa de la pandemia. Varios expertos aseguran que con una ‘ley anticrisis sanitarias’ estos conflictos se hubieran podido evitar y proponen que se tenga en cuenta la creación de una norma para prevenir la llegada de nuevas crisis.
En la sesión, moderada por Juan Abarca, consejero delegado de PROMEDE, participaron César Tolosa, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Ricardo De Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y Director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; Antonio López, secretario general del Servicio Madrileño de Salud; Francisco Corpas, director de Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería de España; y Philippe Paul, director ejecutivo de Sham España. Además, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez fueron los encargados de inaugurar la jornada, en la que Manuel Moya, director de Docencia de Promede, introdujo las claves para el debate mediante la presentación de los datos disponibles más relevantes.
La declaración de la Covid-19 como enfermedad profesional fue uno de los puntos más defendidos por los expertos durante la sesión, a pesar de que se plantearon dudas al respecto si, como parece, será una enfermedad que persistirá y que podrá asimilarse a una gripe. En cualquier caso, otros países del entorno como Italia y Francia sí cuentan con este reconocimiento que, si no existe en España es, según los expertos, por una clara falta de voluntad política. Sobre lo que se no se planteó discusión fue sobre el riesgo al que los profesionales estuvieron sometidos debido a la escasez de elementos de protección, lo que ha motivado las mencionadas reclamaciones y denuncias. En este aspecto se debatió al respecto del planteamiento de dichas denuncias y de si deben ser las propias comunidades autónomas las que respondan o, por el contrario, ha de ser la Administración central, por cuanto en el estado de alarma es quien asume todas las competencias.
En este punto se introdujo un concepto novedoso, y es que la pandemia ha traído consigo un cambio en el estudio de la responsabilidad sanitaria ya que, mientras lo habitual era que los usuarios cursaran reclamaciones, ahora han sido los propios sanitarios los que las hacen frente a las Administración, en la mayoría de los casos como empleadora, rigiéndose por la vía laboral y amparándose en la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, esta no es la única vía de reclamación utilizada, como quedó de manifiesto porque ha habido también múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Otro aspecto introducido por los participantes en la sesión fue la inexistencia de una ley de crisis sanitarias, que sirviera de marco de referencia y evitara la judicialización que estamos viviendo actualmente sobrevenida a una gestión inadecuada. En este punto los expertos apostaron por hacer una reflexión profunda, puesto que posiblemente vendrán otras crisis y aflorarán problemas similares si no existe un marco legislativo al respecto; y también por reconocer a la salud pública el lugar que le corresponde puesto que la pandemia nos ha mostrado que nuestra sanidad no lo tenía todo resuelto.
Junto a ello, los participantes en la tertulia hicieron hincapié en las consecuencias que la pandemia ha tenido sobre el resto de pacientes (no Covid), mencionando los problemas de accesibilidad al sistema, un aspecto que consideraron mucho más grave que las listas de espera; asimismo, mostraron su preocupación por la situación actual del sistema sanitario y la falta de equidad existente, así como por la excesiva descentralización que ha arrastrado algunas cuestiones que deberían ser políticas conjuntas.
