Precios de los medicamentos: la paradoja de la transparencia

Las Cortes Generales acaban de aprobar, tras un inusitado y afortunado acuerdo entre PSOE, PP y Sumar, una modificación de la vigente Ley para blindar la confidencialidad de los acuerdos de financiación de los medicamentos financiados públicamente entre la Administración y las empresas farmacéuticas, incluidos los precios que realmente paga y los de los contratos de suministro. Como garantía, se permite el acceso a toda esta información a las autoridades de competencia y tributarias. También es obligado el Ministerio de Sanidad a publicar información individualizada y agregada accesible, exceptuados los puntos críticos de los acuerdos. Con ello, parece que culminarán, a favor del secreto, largas reclamaciones y pleitos, actualmente pendientes de dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que han implicado a organizaciones como Civio y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en contra del Ministerio de Sanidad.

¿Por qué es mejor la confidencialidad que la transparencia de los precios de los medicamentos? Sin duda, la transparencia es fundamental para el buen gobierno, la democracia y la eficiencia de los mercados. La opacidad entorpece la rendición de cuentas y puede encubrir corrupción. Pero la transparencia puede elevar mucho los precios a pagar por los medicamentos, retrasar o impedir que se comercialicen en nuestro país y dejar a los pacientes sin los tratamientos que necesitan. Tenemos un conflicto entre dos objetivos deseables que no se puede resolver con las fórmulas usuales, sino que exige más imaginación.

Con buenas razones, los gobiernos intervienen los precios de los medicamentos, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los mercados. Pero los precios nacionales no son independientes entre sí, sino que los países, entre otros criterios, observan para fijarlos los de sus vecinos. A las empresas les interesa negociar precios según la capacidad y la disponibilidad a pagar de los distintos sistemas de salud, pero si admitieran precios más bajos y estos se conocieran, sufrirían un costoso efecto dominó, pues otros países también los querrían para sí. Tanto empresas como gobiernos son prisioneros de este ‘Sistema de Precios de Referencia Internacionales’ en el que las compañías, para fijar referencias favorables, lanzan primero sus nuevos productos en mercados que pueden pagar precios altos; los países con menos capacidad de pago y controles de precios estrictos (como España) los reciben más tarde y se estrecha el rango de precios entre países ricos, menos ricos y pobres, por lo que estos últimos ven dificultado su acceso a ellos.

Para no perder ventas y beneficios, las empresas, en sus negociaciones con las administraciones, aceptan condiciones más ajustadas a las circunstancias del país, pero con la salvedad de que no se revelen los precios más bajos realmente pagados, y evitar así el efecto dominó sobre otros países, que las perjudicaría mucho.

El problema se ha exacerbado, además, con las agresivas políticas de ‘país más favorecido’ puestas en marcha por la Administración de Trump, que incluyen practicar también el sistema de precios de referencia internacionales con el objetivo de bajar los precios allí, lo que crea una presión al alza en los países referenciados.

Así que una transparencia completa no procede, ya que tendríamos que pagar precios altos o quedarnos sin los medicamentos, y eso sería mucho peor para los pacientes, que es lo que más nos importa. Por otro lado, los diferenciales de precios entre países (en la línea de los ‘precios óptimos de Ramsey’) son acordes con la Economía. La eficiencia estática exige un precio ajustado a la disponibilidad a pagar propia de la renta de cada país y la eficiencia dinámica requiere a los países sufragar las inversiones conjuntas en investigación y desarrollo proporcionalmente a sus posibilidades.

La confidencialidad, sin embargo, tiene riesgos. Por ello son pertinentes las excepciones a favor de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Tributaria puedan conocer estas informaciones. Podrían incrementarse las cautelas, obligando al Ministerio de Sanidad a presentar informes periódicos, con todos los datos relevantes, a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados o al Tribunal de Cuentas, con las garantías de reserva pertinentes, en la futura Ley de los Medicamentos en elaboración, pero no cabe duda de que estamos ante una decisión favorable para el SNS y los pacientes. No todo está resuelto, sin embargo, porque no olvidemos que los EE. UU., con su peculiar concepción de las relaciones internacionales, siempre han defendido, y lo van a seguir haciendo, al menos mientras duren las políticas de Trump, la extraterritorialidad de sus normas y pretenderán que las empresas les faciliten la información.

Félix Lobo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Políticas de Salud de FUNCAS