La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma) ha reaccionado al acuerdo alcanzado en materia de patentes de las vacunas para la covid-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) argumentando los motivos por los que la decisión será perjudicial. Para la Ifpma, el acuerdo “señala erróneamente” que la propiedad intelectual es un obstáculo para la respuesta a la pandemia, en lugar “de un elemento que permite aportar soluciones sanitarias de forma segura y rápida a los pacientes”, asegura la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica
La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica -a la que pertenece Farmaindustria- ha expresado este viernes su profunda decepción con la decisión de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual adoptada en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebra en Ginebra. “La decisión señala erróneamente que la propiedad intelectual (PI) es un obstáculo para la respuesta a la pandemia, en lugar de un elemento que permite aportar soluciones sanitarias de forma segura y rápida a los pacientes”, ha señalado Ifpma en un comunicado.
La decisión, supuestamente orientada a mejorar el acceso a las vacunas en países emergentes, se antoja además innecesaria. Como constatan los datos y señalan distintas organizaciones y expertos, no existe un problema de mayor fabricación de dosis, sino de distribución de las dosis disponibles. Así lo expresó recientemente el director de los Centros Africanos para el Control de Enfermedades, John Nkengasong: “Ya no es la escasez de vacunas, sino los problemas logísticos y la información errónea de la población sobre la utilidad de dichas vacunas nuestro principal problema”.
Por esta razón, desde las compañías farmacéuticas se reclama desde hace meses una mayor colaboración entre todos los agentes implicados para lograr una mejor distribución de las dosis producidas y, sobre todo, aumentar el apoyo a los sistemas de salud de los países con menos recursos para que puedan llevar a cabo los planes de vacunación de sus poblaciones.
El comunicado de la Ifpma añade que con la suspensión de patentes se envía una peligrosa señal no sólo a la industria farmacéutica, sino a todos los sectores innovadores: “Desmantelar el mismo marco que ha aportado soluciones para hacer frente a la Covid-19 y ha facilitado el número sin precedentes de asociaciones, licencias voluntarias e intercambio de conocimientos que han tenido lugar durante esta pandemia puede tener efectos en cadena para el futuro”, lo que podría poner en riesgo la respuesta ante crisis sanitarias en el futuro.
Hay que recordar que el modelo global de investigación de medicamentos, sustentado en el liderazgo de las compañías farmacéuticas, la colaboración con la comunidad científica y la protección industrial, ha conseguido en las últimas décadas avances revolucionarios en la lucha contra la enfermedad y nos ha llevado a las puertas de la medicina personalizada.
La histórica cifra de producción de vacunas -se ha conseguido triplicar en un año la capacidad mundial de producción de todo tipo de vacunas antes de la pandemia- ha sido posible gracias a que las compañías farmacéuticas, en paralelo al proceso de investigación, ampliaron sus propias plantas de producción para aumentar su capacidad y firmaron acuerdos de transferencia de tecnología con empresas de cualquier país del mundo con capacidad para participar en la producción de estas vacunas.
A día de hoy, se han firmado 381 acuerdos de colaboración para la producción de vacunas y otros 150 para el desarrollo de medicamentos frente a la enfermedad, que implican a casi un centenar de empresas, muchas de ellas competidoras. Estos acuerdos, alcanzados gracias al sistema de protección industrial basado en patentes, están permitiendo que las sustancias necesarias para la fabricación de las vacunas contra la Covid-19 se están produciendo en al menos 83 plantas de producción situadas en 70 países de todo el mundo.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: