Mucho se ha hablado durante las últimas semanas de los cambios que se introducirán en la normativa y gestión del Sistema Nacional de Salud con la aprobación del proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Más allá de las implicaciones a nivel de gestión directa o indirecta de la sanidad y la supuesta privatización de la sanidad, la nueva norma presenta pocas, pero relevantes innovaciones en materia farmacéutica.
Por ejemplo, la nueva ley obligará al Ministerio de Sanidad a realizar una evaluación periódica del “cumplimiento de la equidad en el acceso a las prestaciones y servicios incluidos” en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, tal y como quedaría redactado el artículo 8 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad tras ser modificada por la nueva norma. Esta evaluación se une a la que el Ministerio tenía que hacer sobre los costes de aplicación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, aunque deja indefinida la periodicidad de la evaluación que pasa de ser anual a ser periódica.
Por otro lado, resulta también relevante que se incorpore a la Ley de Cohesión un nuevo servicio dentro de la cartera de la asistencia especializada que, “en coordinación con la atención primaria” incluirá entre sus actividades “la medicina de precisión personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional”. De este modo, se da un mayor peso a la medicina personalizada de precisión, siendo una entidad independiente del resto de procedimientos, incluso terapéuticos que actualmente se recogen en el artículo 13 de la Ley de Cohesión.
También llama la atención que el Ejecutivo no haya variado la naturaleza extrapresupuestaria del Fondo de Garantía Asistencia (FOGA), cuestión contra la que se mostró beligerante el PSOE durante los años de gobierno de Mariano Rajoy. En lo que sí se desarrolla este apartado es, según se indica en la exposición de motivos, es en tratar de “facilitar el consenso necesario para poder efectuar el desarrollo reglamentario que la aplicación” del FOGA requiere.
Más allá de estas cuestiones, la nueva norma fusiona las diferentes carteras de servicios del SNS en una sola, define las situaciones en las que los extranjeros o los españoles residentes en otros países tendrán derecho a asistencia sanitaria y establece los copagos al efecto.
Por último, también desarrolla de forma importante la legislación de protección de datos en materia sanitaria para la planificación, gestión y evaluación de las políticas sanitarias públicas, la asistencia sanitaria, vigilancia en salud pública e investigación en salud.
Cabe recordar que esta norma se encuentra actualmente en trámite parlamentario, por lo que en próximas fechas se iniciará su evaluación y análisis por Congreso de los Diputados y Senado previo a su definitiva aprobación y entrada en vigor.
Nicolas Gonzalez Casares: