El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por 79 votos a favor y 54 en contra, el Dictamen de la Comisión de Sanidad sobre el Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
La aprobación de la ley se daba prácticamente por descontada después de que el Partido Popular admitiera la práctica totalidad de enmiendas presentadas por Vox. Ni tan siquiera el amago del ‘cese de convivencia’ protagonizado por ambas formaciones que amenaza incluso con romper el consenso para los presupuestos regionales de 2023, que llegan a la Cámara la semana que viene, quebró el guion previsto en el plano farmacéutico.
Precisamente, desde Vox achacaban el apoyo a la norma a la entrada de sus enmiendas entre las que destacaban la introducción del derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico, algo que podrá entrar en conflicto con la Ley del Aborto ratificada este jueves también en el Congreso, en cuestiones tales como la obligatoriedad de disponer de la ‘píldora del día después’ en todas las boticas; así como otros aspectos tales como la libertad de elección de oficina de farmacia y la ampliación de la participación en el debate de la ley de todos los sectores farmacéticos.
En ese sentido, la formación conservadora, a través de su parlamentaria Gador Joya, aseguraba “haber puesto en valor el papel de los farmacéuticos como profesionales” y señalaba que todas sus iniciativas han estado dirigidas a “a introducir conceptos para reconocer su papel y poder dar la atención de mayor calidad a pacientes y profesionales”.
Desde el PP se defendía el papel renovador de una ley que viene a sustituir una norma con 20 años de antigüedad, al tiempo que el portavoz Eduardo Raboso, agradecía el papel del sector en las negociaciones y aseguraba que “esta es una ley con la que todos los madrileños ganan”.
Por su parte, desde la oposición, el PSOE aseguraba que la nueva ley “responde a intereses gremiales” y que puede convertirse en “un coladero” para los grandes intereses multinacionales, en contra de las farmacias de barrio, según explicaba Matilde Díaz.
Podemos y Más Madrid también se han mantenido críticos a la nueva norma asegurando que la nueva norma supone un avance del delivery y que incluso“amenaza el modelo mediterráneo de farmacia”.
La nueva ley, que sustituye a la norma que, con modificaciones, ha venido subsistiendo desde 1998, está, según indica su texto, “adaptada a las nuevas necesidades de los madrileños”. Entre otras cuestiones, además de intentar cerrar las puertas al denominado delivery define la condición de establecimiento farmacéutico, enfatiza el papel del profesional, en la seguridad de los fármacos, felixibliza horarios y abre a la profesión a otras capacidades profesionales. Además, a través de ella se regulan los sistemas personales de dosificación con el fin de mejorar la adherencia y efectividad de los tratamientos farmacológicos, en particular de pacientes crónicos.
Nicolas Gonzalez Casares: