Bajo el lema ‘Por un futuro de paz y derechos’ y bajo el liderazgo de la exministra de Igualdad, Irene Montero, Podemos aborda las próximas elecciones europeas del 9 de junio, con el ánimo de lograr la permanencia en la Eurocámara donde las encuestas les arrogan entre uno y dos escaños. Con un programa basado en cuestiones laborales, como la jornada laboral de 30 horas o los permisos de maternidad y paternidad de al menos 36 semanas, la cuestión sanitaria se revela como una de sus principales reivindicaciones de la formación morada, especialmente en el plano farmacéutico.
En su programa electoral Podemos se revela en franca oposición a gran parte del entramado normativo de la UE al plantear una reforma de la actual Estrategia Farmacéutica Europea recién aprobada y aún sin entrar en vigor. Igualmente anuncian medidas contra “los abusos y la especulación” en los productos farmacéuticos. Se planteará la creación de “un tope a los precios de los productos farmacéuticos”, a fin de “poner fin a los beneficios extraordinarios de la industria farmacéutica”.
Podemos insiste en la creación de un “conglomerado industrial de titularidad pública para la producción de material sanitario” y promoverá “la suspensión de patentes y el rediseño de las normas y prácticas de Propiedad Intelectual, con el objetivo de garantizar que las vacunas y las tecnologías sanitarias críticas estén reguladas para el bien común, en lugar de proteger las ganancias de los monopolios”.
También promoverán la compra de medicamentos o productos sanitarios a escala europea para lograr abaratar los costes y “aumentar la disponibilidad de medicamentos o productos sanitarios en todo el espacio comunitario”. En este planteamiento, Podemos aborda también la materialización de “sanciones al desabastecimiento de fármacos esenciales por parte de la industria farmacéutica”.
Fin de la privatización
En el ámbito de la gestión sanitaria, Podemos plantea “derogar la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario”. En su lugar, aseguran, “apoyaremos la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios”, a través de un organismo europeo que se encargará de inspeccionar y garantizar “que los negocios están fuera de la protección a la salud”.
También promoverá una ley europea Integral de Salud Mental a través de una Estrategia Europea sobre salud mental que incluya programas de financiación para que los Estados miembro incluyan en la sanidad pública esta especialidad y lo hagan con un enfoque de género.
Igualmente abogan por el desarrollo de la salud bucodental, oftalmológica, auditiva y fisioterapia públicas en toda Europa y recomendará a los Estados miembro incluir el 100% de cobertura en la cartera de servicios de la atención a la salud bucodental, oftalmológica y auditiva, así como la fisioterapia, en los sistemas nacionales de salud.
