Ministerio y Comunidades autónomas han escenificado este miércoles la absoluta falta del más mínimo encuentro en torno a la reforma del Estatuto Marco. El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) convocado para abordar en exclusiva la reforma de esta norma y las consecutivas huelgas de médicos que golpean a todas las comunidades autónomas, ha terminado sin acuerdo viable y demostrando la dilstancia insalvable entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas, sin diferencias ideológicas, salvo Cataluña, se han negado a votar los puntos del orden del día que contemplaban recomendaciones y acuerdos para responder a las reivindicaciones del comité de huelga.
La ministra de Sanidad, Mónica García, compareció tras el encuentro y acusó a los consejeros autonómicos de "mirar para otro lado" y actuar "como el perro del hortelano, que ni resuelve ni deja resolver". García defendió que todo lo que correspondía a la competencia estatal ya se incorporó en el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Según sus palabras, los puntos pendientes, como la jornada ordinaria de 35 horas, la reducción de la jornada máxima de guardia por debajo de las 17 horas o la creación de mesas específicas de negociación, deben ser materializados por las propias autonomías. La ministra aseguró que no se plantea renunciar a la norma porque supondría "traicionar a sus compañeros de profesión".
La postura del bloque de comunidades autónomas, defendida por como Alberto Martínez, consejero de Salud del País Vasco es radicalmente opuesta. Las comunidades registraron una carta conjunta en el Ministerio donde afirmaron que la resolución del conflicto exige de forma inevitable un acuerdo en el ámbito estatal. Martínez subrayó que la ministra se quedó "sola y que perdió una oportunidad para solucionar una huelga nacional dirigida directamente contra su departamento".
Oposición de las comunidades autónomas
El consejero de Comunidad Valenciana, Marciano Gómez explicó que las autonomías rechazaron tratar las propuestas del Ministerio debido a su dudoso encaje en el reglamento del Consejo Interterritorial. Asimismo, el bloque autonómico denunció que el texto se ha elaborado "a espaldas de los propios profesionales, sindicatos y servicios de salud autonómicos". La consejera madrileña, Fátima Matute, incidió en la necesidad de incorporar a las negociaciones a los ministerios de Función Pública, Trabajo y Seguridad Social, y exigió "una memoria de viabilidad técnica, jurídica y económica", solicitando un verdadero pacto de Estado.
Por su parte, Antonio Sanz, consejero en funciones de Andalucía, calificó el pleno de "tomadura de pelo y censuró la ausencia de los titulares de Hacienda y Función Pública". Sanz recordó que la reforma no supone el cierre del conflicto y demanda medidas estructurales sostenidas en el tiempo para afrontar problemas de fondo como el déficit de profesionales, el aumento de jubilaciones o el envejecimiento poblacional. En esta línea de buscar alternativas, comunidades como el País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha plantean la conveniencia de recurrir a la mediación de una entidad independiente, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, para reabrir un diálogo constructivo con el colectivo médico.
Desmarque institucional de Cataluña
La única administración que se desmarcó del texto firmado por el bloque autonómico fue Cataluña. El Departament de Salud de la Generalitat matiza que su no adhesión no implica un desacuerdo con su fondo, pero rechazó participar en iniciativas que pudieran profundizar en la conflictividad actual. No obstante, Cataluña también mostró su disconformidad con el orden del día del pleno por considerarlo inoportuno tras haberse remitido ya el anteproyecto al Consejo de Ministros.
El fracaso de este Consejo Interterritorial se produce en un escenario de elevada tensión asistencial, a pocos días de que comience la quinta semana de huelga médica nacional convocada del 15 al 19 de junio. Las comunidades recordaron que, aunque la causa de la protesta es una ley nacional, son los servicios de salud autonómicos y los ciudadanos quienes asumen el impacto directo de los paros. A modo de ejemplo, según datos aportados por los consejeros, la crisis sanitaria ya han afectado a unos 280.000 pacientes en la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía provocó la suspensión de más de 1,3 millones de actos sanitarios y supuso un impacto económico superior a los 173 millones de euros.
Lilisbeth Perestelo: 
