La designación de Zaragoza como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) ha ofrecido reacciones de todo tipo entre los afectados. El anuncio, realizado este martes, Pedro Sánchez, fija la ubicación del nuevo organismo en el Pabellón de Aragón de la Expo de 2008, una instalación de 7.000 metros cuadrados. La decisión genera valoraciones contrapuestas que abarcan desde el malestar de las regiones excluidas hasta el respaldo condicionado de las entidades epidemiológicas, las cuales urgieron a activar la institución con garantías financieras e independencia técnica.
El Jefe del Ejecutivo enmarcó la resolución en un proceso de desconcentración de organismos públicos y en la búsqueda de la cohesión territorial para responder ante futuras crisis sanitarias. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que el proceso respondió a criterios objetivos y concurrentes dentro de una convocatoria que contó con candidaturas de elevado nivel. La previsión inicial contempla que la sede genere 60 empleos directos y hasta 300 durante su desarrollo, integrando a personal técnico, científico e investigador.
Sin embargo, la elección de la capital aragonesa desencadenó acusaciones de arbitrariedad política desde las distintas administraciones que optaban a la sede. Hasta ocho ciudades postularon para albergar el nodo central de vigilancia en salud pública: Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo. En varias de estas sedes aspirantes, los responsables institucionales tildaron el fallo de desprecio territorial y censuraron la gestión del Ministerio de Sanidad.
En Andalucía, las reacciones de disconformidad se concentraron en Granada. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, censuró que el Ejecutivo central vuelva a castigar a la provincia tras la anterior exclusión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Rodríguez sostuvo que la propuesta granadina era la mejor opción por sus medios humanos, el respaldo de la Junta de Andalucía y el peso de la Universidad de Granada. Asimismo, sugirió que la resolución se retrasó de forma deliberada antes de las elecciones porque el Gobierno ya conocía que Andalucía no albergaría la sede.
En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias andaluz, Antonio Sanz, calificó la decisión de duro golpe y agravio para la comunidad. Sanz recordó que la candidatura presentada en enero de 2026 contaba con el respaldo de más de 70 instituciones, el soporte de la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, además del compromiso autonómico de aportar más de 10,3 millones de euros.
Rechazo en las regiones descartadas
El malestar se extendió de igual modo al Principado de Asturias. La vicepresidenta autonómica, Gimena Llamedo, tildó la decisión de injusta por ignorar el apoyo asturiano al sistema sanitario y su gestión de la pandemia. Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, calificó la resolución de varapalo, avanzó que exigirán el informe con los criterios técnicos y expresó sorpresa por la rapidez del proceso y la ausencia de visitas previas a las sedes. En el ámbito municipal, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, calificó el resultado de auténtica vergüenza y lo achacó a la inacción del Gobierno autonómico, mientras que grupos políticos locales como IU-Convocatoria por Oviedo advirtieron de que la reforma del pabellón aragonés podría retrasar la operatividad real hasta dos años.
Las críticas también se repitieron en Galicia y Castilla y León. El Gobierno local de Lugo, encabezado por la alcaldesa Elena Candia, calificó la resolución como un nuevo desprecio a los lucenses basado en criterios políticos, pese a contar con el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia y el potencial del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela. En el ámbito socialista lucense, el portavoz Miguel Fernández pidió asumir el resultado desde la serenidad sin caer en localismos, aunque admitió recibir la noticia con pesar. En León, el regidor José Antonio Diez tildó la elección de injusta e indicó que la ciudad cumplía todos los requisitos, sustentada en el peso de su sector farmacéutico, mientras la Unión del Pueblo Leonés cuestionó el modelo de descentralización estatal.
Frente a la discrepancia política, las sociedades científicas del sector sanitario manifestaron una postura de apoyo a la designación, aunque condicionaron el éxito final del organismo a su pronta operatividad y dotación presupuestaria. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) celebró la elección de Zaragoza como un paso adelante que permite resolver un asunto pendiente y urgió a definir con celeridad la estructura organizativa, el reglamento y los procedimientos internos.
En términos similares se posicionó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), que valoró de forma positiva el anuncio por permitir avanzar en los plazos de puesta en marcha de un organismo estratégico. La sociedad científica recalcó que la Aesap cubre una laguna histórica del sistema sanitario español en vigilancia y respuesta ante emergencias, pero advirtió de que su consolidación futura dependerá de que se le garantice independencia técnica, solvencia científica y una financiación sostenida que no dependa únicamente de la aparición de nuevas crisis sanitarias.
Lilisbeth Perestelo: 
