El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendico durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este jueves, el dispositivo asistencial desplegado en la ciudad autónoma tras las entradas masivas registradas en la frontera iniciadas el pasado mes de julio. En su primera intervención en las Cortes para defender la acción de Gobierno Sánchez, hizo incapié en las actuaciones humanitarias, entre ellas la atención sanitaria. Entre otras, el presidente rechazó que la llegada de migrantes provocara un colapso en la atención sanitaria en Ceuta o que se alterara la actividad médica habitual de los ciudadanos. El jefe del Ejecutivo argumentó que "el sistema público se reforzó con más de 100 profesionales adicionales", circuitos asistenciales diferenciados y horarios ampliados para dar respuesta a las necesidades surgidas sobre el terreno.
Según las cifras expuestas por el presidente, este operativo "permitió absorber picos de hasta 1.200 asistencias sanitarias en un solo día sin llegar a suspender consultas o intervenciones quirúrgicas programadas para la población ceutí". Asimismo, Sánchez justificó la constitución del mando único a finales de agosto, al argumentar que fue en ese momento cuando la crisis requirió una respuesta integral que fuera más allá de la seguridad. Esta intervención abordó las vertientes económica, social y sanitaria, y estuvo reforzada por una partida inicial de ayuda humanitaria de siete millones de euros.
Las explicaciones del presidente generaron duras réplicas por parte de la oposición y matices de otros grupos parlamentarios. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo denunció una "gestión negligente" que derivó en la ruina económica y una presión insostenible para la ciudad. El líder de la oposición calificó la intervención de Sánchez de demoledora y exigió su dimisión, al tiempo que reclamó un mando único inmediato, devoluciones, refuerzos policiales y un plan de reactivación socioeconómica de 650 millones de euros.
Por su parte, el portavoz de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de "traidor a España, a los ceutíes y a los policías", alificando lo sucedido como una invasión s. Abascal afirmó que el Ejecutivo "silencia las agresiones a vecinos y agentes, así como el colapso sanitario de la ciudad autónoma". En el grupo parlamentario de Sumar, la responsabilidad se atribuyó a Marruecos por utilizar a personas vulnerables con fines políticos, al tiempo que se demandó abordar la situación desde un enfoque garantista y humanitario.
Desde ERC, Gabriel Rufián advirtió al Gobierno de que "los gobiernos caen por mentir". En representación de Junts, Míriam Nogueras declaró que Sánchez "está inhabilitado para gobernar" al considerar que conocía las alertas policiales y mintió para proteger a Rabat, o bien carece del control de la seguridad nacional. Por parte de EH Bildu, Mertxe Aizpurua definió lo ocurrido como una crisis humanitaria y consideró muy criticable la gestión gubernamental, mientras que el PNV reivindicó la competencia del País Vasco para gestionar sus políticas migratorias y cuestionó la capacidad de coordinación del Ejecutivo central.
Brecha entre la versión oficial y la realidad
El escenario en la ciudad refleja una brecha entre la versión institucional y la situación reportada por los profesionales en primera línea de atención. Frente al mensaje de normalidad operativa trasmitido por el Ejecutivo, sindicatos como Satse y el Colegio de Médicos denunciaron un colapso sin precedentes en las Urgencias del Hospital Universitario. Los colectivos sanitarios describieron episodios de saturación nocturna, sobrecarga en los triajes y un incremento severo de asistencias por patologías derivadas de las condiciones de llegada, entre las que citaron deshidratación, problemas dermatológicos o afecciones por consumo de agua no potable. A pesar de la ampliación puntual de camas y la apertura de dispositivos de campaña, las organizaciones de enfermería advirtieron de que la presión asistencial continuada desbordó las capacidades ordinarias del Ingesa.
En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para Ceuta que movilizará 309 millones de euros en 2026, lo que equivale al 16 % del PIB de la ciudad autónoma. La norma articula las actuaciones en cuatro ejes clave para responder a las diferentes áreas afectadas por la crisis. En el ámbito de los servicios esenciales se destinan 21 millones de euros, partida que incluye 3,5 millones de euros para contratar a 100 profesionales sanitarios en el Ingesa. Este bloque recoge también 4,5 millones para refuerzos en Justicia, 3,2 millones para apoyo psicosocial y seguridad en centros educativos, y dos millones para la planta desalinizadora.
El segundo pilar de este plan está centrado en la seguridad, con una dotación de 90 millones de euros. Dentro de esta suma se destina un incentivo de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y ocho millones de euros para la Guardia Civil, además de 74 millones de euros reservados para el despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas.
Inversión en acogida y apoyo socioeconómico
El plan de acogida humanitaria aprobado el pasado martes absorbe, según explica el Gobierno, 118 millones de euros de la inversión total prevista por el Gobierno. De esta cifra, 53,4 millones de euros se asignan a alojamiento y manutención básica, mientras que 63,6 millones de euros van dirigidos a la Ciudad Autónoma para la tutela de unos 1.500 menores no acompañados. El cuarto pilar contempla 80 millones de euros para el apoyo socioeconómico mediante ayudas directas a empresas y autónomos, bonificaciones comerciales, alivio en cotizaciones de la Seguridad Social, el aumento de la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50 % al 60 % y una línea de avales ICO de 50 millones de euros.
Por su parte, en declaracion realizadas en días anteriores, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado rotundamente la existencia de un colapso sanitario estructurado en los centros hospitalarios y encuadró las dificultades en tensiones puntuales propias de una crisis humanitaria.
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Lilisbeth Perestelo: 
