Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer y de nuevo la atención internacional vuelve a centrarse en los millones de personas en toda Europa afectadas por esta enfermedad. Esta patología se encuentra actualmente en un punto de inflexión en el continente, impulsada por los recientes avances en terapias y diagnósticos que cuentan con el potencial de "transformar de manera radical" los enfoques tradicionales de atención y manejo de la patología. Sin embargo, a pesar del creciente reconocimiento sobre la necesidad de adoptar medidas políticas integrales, los esfuerzos actuales en el ámbito europeo continúan siendo insuficientes para responder al reto sanitario.
Esta es la principal advertencia expuesta en el informe titulado 'Evaluando el caso económico para la priorización de políticas de la enfermedad de Alzheimer', redactado por la consultora Charles River Associates (CRA) y financiado por la compañía biotecnológica Biogen. En un artículo publicado en la plataforma de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia), los autores del documento analizan el impacto de esta inacción. El análisis corrió a cargo de Wolfram Schmidt, presidente, jefe de Europa y miembro del Equipo de Liderazgo Ampliado de Biogen, y Tim Wilsdon, vicepresidente en Ciencias de la Vida de CRA.
El trabajo expuso los posibles beneficios socioeconómicos derivados de articular medidas que permitan un diagnóstico oportuno y un acceso a los tratamientos a gran escala. Según las estimaciones presentadas por Schmidt y Wilsdon, los beneficios socioeconómicos potenciales de una priorización generalizada y eficaz de políticas públicas en torno a la patología podrían alcanzar en conjunto los 182.000 millones de euros para Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido entre los años 2026 y 2036.
Un impacto económico creciente
La patología neurodegenerativa ya ejerce en la actualidad un enorme impacto sobre los pacientes, sus familias, los cuidadores y los propios sistemas sanitarios y asistenciales. El informe estimó la carga socioeconómica total de la afección en el conjunto formado por los cuatro países de la Unión Europea citados y el Reino Unido en 552.000 millones de euros para el año 2026. Los datos reflejaron que el coste financiero aumenta de manera considerable a medida que la patología progresa en los afectados. En concreto, el coste por persona en la fase grave resulta casi cuatro veces mayor que el registrado durante la etapa de deterioro cognitivo leve.
Si la situación no se aborda con determinación, la trayectoria futura muestra una tendencia alarmante. A medida que el número de personas que viven con la dolencia en estos cinco estados aumente desde los 14,8 millones actuales hasta alcanzar los 18,3 millones de afectados, se proyecta que la carga anual se más que duplique en solo un decenio. Esta evolución situaría el coste global por encima del billón de euros para el año 2036, lo que representa un incremento de casi 500.000 millones de euros al año al término de dicho periodo.
Frente a esta trayectoria, los autores sostuvieron que una intervención pública adecuada permitiría revertir la tendencia y aliviar la presión presupuestaria. Schmidt y Wilsdon destacaron que "con la acción política adecuada ahora, Europa podría reducir la carga socioeconómica de la enfermedad de Alzheimer en 182.000 millones de euros en la próxima década". El argumento económico para esta priorización se fundamenta en un mecanismo sencillo pero directo: mantener a las personas en las fases más tempranas y menos costosas de la enfermedad reduce la carga global sobre los pacientes y la sociedad.
Ralentizar la progresión patológica
Al modelar un escenario de priorización de políticas activa y eficaz de forma generalizada, en el que los pacientes se benefician de diagnósticos tempranos y acceso a terapias modificadoras de la patología, los resultados muestran cambios significativos. Para el año 2036, se calcula que podría haber 430.000 personas menos viviendo con la fase grave de la patología y 1,4 millones más de personas que permanezcan en la etapa de deterioro cognitivo leve, en comparación con un escenario base donde no se apliquen modificaciones en la gestión sanitaria.
Dado que los costes derivados del manejo de un paciente en estadio avanzado son sustancialmente más elevados, la acumulación de estos ahorros se acelera con el paso del tiempo. Los beneficios socioeconómicos anuales pasarían de ganancias iniciales modestas a alcanzar los 60.000 millones de euros al año para 2036. Los beneficios acumulados en esa década serían aproximadamente equivalentes a un año completo de gasto sanitario en Italia. Además, el análisis financiero determina que el retorno de la inversión para generar este ahorro se sitúa en 1,82 euros devueltos por cada euro invertido.
El informe elaborado por CRA advirtió asimismo de que estos beneficios socioeconómicos potenciales se reducen de forma drástica en aquellos escenarios donde se aplique una acción tardía o parcial. Este hallazgo demuestra la importancia crítica de intervenir sin demoras. A medida que la población europea envejece, una actuación pública a tiempo resultará esencial para aliviar la presión creciente sobre las familias, los sistemas de salud y las economías nacionales.
Tres ejes de actuación
Para hacer realidad este valor económico y social, Schmidt y Wilsdon subrayaron que se requiere un paquete coordinado de medidas, dado que ningún cambio aislado resultará suficiente por sí solo. El análisis identificó tres áreas prioritarias donde se precisan intervenciones de manera urgente por parte de las autoridades sanitarias.
En primer lugar, los expertos remarcaron la necesidad de acelerar el diagnóstico oportuno a gran escala. La consecución de los ahorros proyectados depende directamente de identificar y tratar a los pacientes mientras se encuentran en las fases leves o de deterioro cognitivo leve. Esta meta exigirá una expansión considerable de la capacidad diagnóstica en los servicios de salud, aprovechando las nuevas herramientas de detección mediante biomarcadores en sangre para hacer posible un abordaje terapéutico a tiempo.
En segundo lugar, el informe señala la obligación de invertir en infraestructuras y capacidad asistencial. Muchos sistemas sanitarios en Europa carecen actualmente de especialistas suficientes, unidades de evaluación de la memoria y capacidad para realizar pruebas de imagen como tomografía por emisión de positrones o resonancia magnética, así como análisis de líquido cefalorraquídeo. Los autores matizaron que estas inversiones en infraestructura, aunque de envergadura considerable, resultan plenamente asumibles en comparación con el volumen de beneficios económicos que están en juego.
Por último, el trabajo insta a establecer marcos renovados de acceso y reembolso. Los pacientes solo podrán beneficiarse de las innovaciones tecnológicas si los esquemas de financiación pública abarcan toda la gama de beneficios socioeconómicos relevantes y adoptan fórmulas capaces de gestionar el impacto presupuestario inmediato.
Schmidt y Wilsdon concluyeron que el momento de actuar en el continente es ahora, aprovechando que los avances científicos ofrecen una oportunidad histórica para transformar la carga socioeconómica de la afección. En su opinión, durante demasiado tiempo la enfermedad de Alzheimer se interpretó como una consecuencia inevitable del envejecimiento, una visión que debe evolucionar mediante políticas acordes al progreso de la ciencia.
Lilisbeth Perestelo: 
