Puig Junoy diseña una respuesta al MFN que preserve los recursos destinados a salud

El economista propone financiar con los PGE los costes ligados a objetivos industriales y económicos y acompaña la medida de cambios en confidencialidad, evaluación, fijación de precios y financiación de nuevos medicamentos.

La política de Nación Más Favorecida (MFN) impulsada por Estados Unidos puede obligar a Europa a movilizar recursos para proteger su posición en innovación, inversión y producción farmacéutica. El economista Jaume Puig Junoy plantea que esa respuesta no se financie a costa de los recursos destinados a salud. Cuando el precio de los medicamentos incorpore objetivos industriales, comerciales o económicos, propone que los costes asociados se financien mediante un fondo específico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La propuesta forma parte de un paquete de recomendaciones recogido en el estudio ‘Irrupción de la geopolítica en la política sanitaria: política «Nación Más Favorecida» en Estados Unidos y precios de referencia internacionales’, publicado por Funcas. Puig Junoy, vicepresidente del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), analiza las consecuencias que puede tener la nueva política estadounidense sobre los precios internacionales y plantea diferentes medidas de respuesta para España y la Unión Europea.

El economista parte de una transformación de fondo, según la cual la política farmacéutica ya no responde exclusivamente a objetivos sanitarios, sino que se entrecruza cada vez más con las políticas industrial, comercial y geopolítica. Frente a ese escenario, considera que las respuestas exclusivamente nacionales tienen un alcance limitado y apuesta por una actuación europea conjunta.

Ese planteamiento no supone, sin embargo, que el sistema sanitario deba asumir el coste de todos esos objetivos. Puig Junoy propone que, cuando la política de precios incorpore primas vinculadas a producción, inversión u otros objetivos económicos, su financiación proceda de un fondo específico de los PGE. En ausencia de este mecanismo, plantea incluso hacer explícito el coste de oportunidad sanitario mediante la estimación de los años de vida ajustados por calidad (AVAC) que se sacrificarían al destinar recursos sanitarios a esos fines.

La propuesta profundiza en una posición que Puig Junoy ya expuso el pasado junio y que Diariofarma recogió entonces. El economista planteó que los costes adicionales necesarios para reforzar la capacidad europea de atraer innovación biomédica o responder al nuevo contexto internacional no deberían recaer sobre los presupuestos sanitarios. El nuevo estudio desarrolla ahora esa idea dentro de una batería más amplia de recomendaciones.

Proteger los precios netos

Una de ellas afecta directamente a la confidencialidad de los precios. Puig Junoy propone establecer legalmente la obligación de preservar frente a terceros los precios netos y los mecanismos de compra que den lugar a precios variables. También plantea penalizaciones ante eventuales incumplimientos por parte de las compañías.

Su opción preferente sería avanzar hacia una cláusula europea de confidencialidad cuyo objetivo sería reforzar la posición negociadora de los Estados frente a las presiones derivadas de la referenciación internacional de precios y, específicamente, de la política estadounidense.

Por otro lado, el informe advierte de que el MFN puede generar efectos diferentes a la simple reducción de precios que persigue Estados Unidos. Entre las posibles respuestas en los países utilizados como referencia figuran mayores precios netos de lanzamiento, retrasos en la comercialización de nuevos medicamentos y un uso más intenso de descuentos y otros mecanismos confidenciales que amplíen la distancia entre los precios públicos y los realmente pagados.

Puig Junoy también propone cambios en la forma de establecer los precios. De este modo, para medicamentos nuevos con un valor terapéutico añadido reducido o nulo plantea utilizar criterios de equivalencia terapéutica respecto a medicamentos bajo patente ya disponibles. Cuando exista una prima sobre el precio del comparador, por el contrario, considera que los criterios utilizados para justificarla deberían estar razonados y sustentados preferentemente en evidencia.

Las solicitudes de financiación que pretendan un precio superior al comparador deberían incorporar un análisis de impacto presupuestario y una evaluación económica. Si parte de esa prima respondiera a razones de inversión o producción, el informe plantea incorporar además un análisis específico de impacto económico.

Un fondo para la innovación

Junto al mecanismo destinado a evitar que los objetivos industriales recaigan sobre Sanidad, Puig Junoy plantea un segundo instrumento con una finalidad diferente. Propone estudiar un fondo presupuestario virtual estatal, preferentemente plurianual, para los nuevos medicamentos que obtengan una decisión favorable de financiación y precio.

Su finalidad sería hacer explícita la restricción presupuestaria bajo la que se adoptan las decisiones estatales de financiación, cuyos costes terminan trasladándose a los servicios autonómicos de salud. El informe contempla que las decisiones que excedieran esa disponibilidad pudieran recibir financiación procedente de los PGE.

Las propuestas alcanzan también al modelo de evaluación, en el que Puig Junoy apuesta por separar la evaluación independiente y transparente del valor terapéutico añadido y de la relación coste efectividad de la posterior decisión administrativa sobre financiación y precio. El organismo evaluador debería revisar la calidad metodológica de los análisis presentados, sintetizar la evidencia clínica y económica e identificar las principales incertidumbres para facilitar la decisión.

El informe completa este esquema con la utilización de acuerdos de riesgo compartido cuando exista una incertidumbre elevada y con mecanismos de reevaluación que permitan revisar las condiciones de financiación y precio conforme aparezca nueva evidencia.