El director de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Agustín Rivero, participó en la mesa sobre medicamentos biológicos organizada en el marco del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario para reiterar la idea de que será precisa un desarrollo normativo para regular la entrada de biosimilares en el mercado. Para ello, se refirió a la oportunidad que ofrece el Decreto de Precios y Financiación, cuya aprobación quedó paralizada con el proceso electoral y sigue a la espera de una salida.
Entre las cuestiones a analizar en este segmento, citó las distintas fórmulas que se están aplicando en Europa, haciendo alusión al establecimiento de cuotas o los países que están forzando la dispensación de biosimilares en los nuevos pacientes diagnosticados. También se refirió a si deben estar incluidos, o no, los biológicos y sus similares en precios de referencia, así como todo lo relacionado con la intercambiabilidad, la sustitución y la extrapolación de indicaciones.
En lo que respecta a las cuotas y la inclusión en precios de referencia, aclaró que la posición del Ministerio es contraria a esta fórmula ya que, en términos estrictamente económicos, confían en que "la competencia puede ser suficiente para regular los precios del mercado, como ha ocurrido con la hepatitis C". No obstante, citó otros casos, como los acontecidos con antirretrovirales, en los que la bajada de precios, pese a la competencia, se ha visto bloqueada y, en ese caso, "será precisa la intervención de la Comisión Interministerial de Precios". En todo caso, aclaró que países que han optado por esta fórmula en el seno de la UE, como es el caso de Portugal, "posiblemente se hayan visto empujados por una situación económica extrema. Sólo en esos casos parecen justificadas".
Falta de evidencia
Precisamente, Julio Sánchez Fierro se ha referido a la medida portuguesa y ha opinado que, tanto de ésta como de otras que se han ido adoptando en la Unión Europea para la introducción de los biosimilares, no hay datos suficientes para saber si han funcionado bien o no. En este sentido, se mostró en contra "de todas las fórmulas que impliquen una reducción de la libertad de prescripción por parte de los clínicos y de accesibilidad por parte de los pacientes". Una opinión similar mostró Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, quien añadió que no se puede confundir la oportunidad de ahorro que proporcionan los biosimilares con la necesidad de garantizar la libertad del clínico y la seguridad de los pacientes que han respondido bien a un tratamiento".