Los expertos reunidos en la mesa redonda sobre cohesión territorial en materia de salud, celebrada en el marco del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, pusieron de manifiesto que hay que poner freno a la corriente de normativas autonómicas que, en busca de una contención del gasto, originan desigualdades en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias.
El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tipo de medidas, lo que ha comportado la consolidación de una doctrina judicial en este terreno, según apuntó Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, entidad organizadora del evento que ha tenido lugar en Madrid del 15 al 17 de octubre. Para este experto, a pesar de que nadie puede discutir la capacidad de organización de los servicios sanitarios de cada región, hay que salvaguardar los derechos sustantivos de los ciudadanos y “no anteponer los ahorros económicos a la salud de las personas”. A su entender “no es aceptable que un ciudadano de una comunidad autónoma reciba una atención diferente al de otra”.
De este modo, según el TC, es competencia del Estado garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios sanitarios públicos y establecer unas prestaciones mínimas y comunes, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan ampliarlas, tal como explicó su letrada Carme Plaza. Sin embargo, en los últimos años se han sucedido pronunciamientos judiciales a raíz de normativas autonómicas que no han respetado esta garantía de igualdad, según subrayó.
Este fue el caso de las tasas impuestas en el año 2012 por los gobiernos de Madrid y Cataluña de un euro por cada receta médica, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo ofrecido por Plaza es el catálogo prioritario de medicamentos en Galicia, que también fue anulado por el TC.
Sánchez Fierro puso sobre la mesa otros pronunciamientos judiciales sobre normativas autonómicas que limitan el acceso a los tratamientos, como el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obligó al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a financiar un tratamiento de alto precio prescrito a un paciente que sufría Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. Otro caso más reciente es la anulación por parte del Tribunal Supremo de la Orden de la Consejería de Sanidad de Aragón por la que se establecía la creación de una Comisión de Evaluación del Medicamento encargada de elaborar una Guía Farmacoterapeútica para los hospitales de la comunidad con los fármacos a prescribir. Medidas similares se han llevado a cabo en Andalucía y Navarra, sobre las que los tribunales han dictado sentencia.
Sánchez Fierro censuró este tipo de normativas que ponen en peligro la igualdad en el acceso a las prestaciones y que derivan del intento de buscar eficiencia de la gestión sanitaria a través del control del gasto farmacéutico. “La prestación farmacéutica ha polarizado la atención de las Administraciones en el ajuste de los presupuestos”, remarcó este experto.
Por su parte, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, pidió al Tribunal Constitucional celeridad a la hora de pronunciarse sobre estas normativas, diversas de las cuales llevan años a la espera de sentencia. También destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Sanidad respecto al establecimiento de la cartera común de prestaciones y las suplementarias, que han sido consensuadas con las comunidades autónomas.
En representación de los usuarios participó Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), que criticó que el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades autónomas haya generado situaciones de inequidad, como la dificultad en algunas regiones de acceder a determinados tratamientos. Bernal destacó la retirada de la vacuna de la varicela del calendario de vacunaciones del año 2013, así como las subastas de medicamentos en Andalucía y los algoritmos de prescripción de la Comunidad Valenciana.
El presidente de la AGP lamentó que el Gobierno haya liquidado el Fondo de Cohesión sanitaria, creado en el año 2001 para garantizar que cualquier ciudadano tuviera acceso al tratamiento que necesita en cualquier autonomía. De este modo, Sanidad deja en manos de las comunidades compensarse entre ellas los gastos sanitarios de usuarios atendidos fuera de su región. A este respecto, Rivero apuntó que “lo lógico es que la atención recibida por un paciente sea financiada por la comunidad autónoma en la que paga sus impuestos”.
Otra de las reivindicaciones de Bernal para garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias fue que las decisiones tomadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a los distintos consejeros de Sanidad autonómicos, sean vinculantes.
